La junta directiva del Consejo de Trasporte Público (CTP) hizo un llamado a los diputados para que aprueben el proyecto “Ley para la protección del sector autobusero nacional ante la crisis sanitaria, social y económica provocada por el Covid-19”.
Según el CTP con esto se garantizaría la continuidad de ruta regular.
El órgano argumenta que el objetivo es “evitar graves afectaciones al servicio y a los usuarios, por cuanto el proyecto tiene como fin únicamente y en forma transitoria, extender la vida útil de las unidades de transporte público sin detrimento de ninguna otra circunstancia de seguridad o accesibilidad de las unidades de transporte público”.
Este proyecto de ley del entonces diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Erwen Masís, propone extender la vida útil de las unidades de trasporte público de 15 a 20 años, siempre y cuando su buen estado esté verificado por medio de la Inspección Técnica Vehicular.
En el texto de Masís se lee que las empresas autobuseras se vieron “gravemente afectadas por la desmovilización de pasajeros” durante la pandemia de Covid-19 debido a las medidas sanitarias y al temor al contagio.
En consecuencia, las empresas del sector “sufrieron desde entonces una extraordinaria disminución en sus ingresos, en muchos casos superior al 50%” (…) e inclusive muchas empresas de poco volumen de operación debieron retirarse de la actividad total o parcialmente”, dice el proyecto de ley.
Silvia Bolaños, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), ya había hecho la misma petición que el CTP: “Hacemos un llamado a los señores diputados para que se pueda votar este proyecto y le den la vía rápida. Es la única manera de mantener los servicios, ya que a partir del primero de enero a más de 300 unidades se les vence la antigüedad y no podrían circular más”.
Según Canatrans, si no se aprueba el proyecto de ley más de 100 comunidades se quedarían sin servicio de transporte público.
La organización explicó que entre las rutas que podrían quedar fuera de servicio estarían comunidades de Turrialba, Guadalupe, Escazú, Santa Ana, Los Hatillos y Heredia, entre otras.
Sin embargo, la aprobación del proyecto debe superar alrededor de 150 mociones que interpuso el partido Frente Amplio.
Sofía Guillén, diputada de esta agrupación, calificó la advertencia de Canatrans del posible cierre de rutas como “chantaje” y escribió en sus redes sociales: “Si abandonan las rutas, deben ser reasignadas inmediatamente”.
Guillén dijo en la Asamblea Legislativa que existe un proyecto para que las pequeñas empresas reciban fondos a fin de cambiar su flotilla de buses por unidades nuevas.
La diputada criticó con dureza a las “grandes empresas que ya recuperaron ingresos” y las acusó de mentir porque “ustedes pueden cambiar su flotilla, pero no les da la gana”.
