Después de ser condenada este martes 6 de diciembre del 2022 a seis años de cárcel y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, aseguró categóricamente que no será “candidata a nada”.
“El 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le puede dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me meta presa, pero mascota de usted, nunca, jamás”, comentó Fernández en un video visiblemente alterada por la sentencia del Tribunal Oral Federal N°2.
“No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa”, agregó, dirigiendo el mensaje a Héctor Magnetto, CEO del grupo propietario del diario El Clarín, a quien considera uno de sus principales enemigos.
Fernández enfatizó en que la verdadera condena no son los seis años de prisión, sino la prohibición para ejercer los cargos públicos, aunque resaltó que los puestos que ha ocupado han sido por elección popular, por lo que no estaría imposibilitada de lanzarse como candidata presidencial.
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La vicepresidenta y dos veces presidenta de ese país (2007 y 2015) siempre negó los cargos y atribuyó el proceso a la persecución política.
Después de tres años y medio de juicio, Fernández fue acusada por defraudación al Estado mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales en Santa Cruz, provincia en el sur de Argentina, entre los años 2003 y 2015, causa llamada Vialidad.
Según el Tribunal, dichos procesos permitieron una “extraordinaria maniobra fraudulenta”, en perjuicio del Estado, que ascendería a mil millones de dólares.
Esa provincia es clave porque de allí era oriundo su esposo, el expresidente Néstor Kirchner, y fue el lugar en el que ambos se desarrollaron profesionalmente.
En la causa figuró también Lázaro Báez, exsocio de los Kirchner y quien fue señalado por los fiscales como el principal beneficiario de la defraudación, según indican varios medios de comunicación de Argentina.
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Es la primera vicepresidenta de Argentina en ser condenada por corrupción mientras ejerce su cargo, aunque por la inmunidad de la que goza Fernández por ocupar ese cargo no irá a la cárcel y al no estar el fallo en firme.