El brote de COVID-19 que golpea duro en cantones fronterizos del país como San Carlos, Los Chiles y Upala de Alajuela desviste una realidad vergonzosa: el esclavismo en Costa Rica.
El trabajo de nicaragüenses ilegales en fincas agrícolas, plantas procesadoras o empacadoras se ve protegido por el decreto ejecutivo número 38541-GOB-MTSS-MAG, que firmó el 29 de julio del 2014 el presidente, Luis Guillermo Solís, junto con el ministro de Gobiernación y Policía, Celso Gamboa Sánchez; el de Trabajo y Seguridad Social, Víctor Morales Mora, y el de Agricultura, Luis Felipe Arauz Cavallini.
Este les permite a patronos y empresas contratar migrantes indocumentados, siempre y cuando se comprometan a regular su situación.
Es un documento que se titula “Registro y plazo extraordinario de regularización de trabajadores y trabajadoras agrícolas migrantes” y que establece una especie de régimen de excepción de multas que sanciona el artículo 177 de la Ley General de Migración y Extranjería (aprobada en la Asamblea Legislativa en agosto del 2009) a quienes se inscriban en ese programa.
Artículo 177: “Aquellas personas físicas o los representantes de las personas jurídicas, públicas o privadas, que proporcionen trabajo u ocupación a personas extranjeras no habilitadas, para que ejerzan actividades laborales en el país o realicen actividades diferentes de las autorizadas, serán sancionadas por la Dirección General con una multa que oscilará entre dos y hasta doce veces el monto de un salario base”.
Cabe destacar que hasta la fecha de publicación del decreto que firmó Solís no se habían aplicado multas, pues se establecieron transitorios con el objetivo de regularizar a los migrantes ilegales, “incluyendo las vinculadas a actividades laborales en los sectores agrícolas, construcción y servicios domésticos”.
Es decir, este “perdón” a quienes formen parte del registro sobrevive desde hace casi una década. La última prórroga rige por un año a partir del 15 de junio del 2019, es decir, la vigencia finaliza el próximo 15 de junio del 2020, si el gobierno no amplía el plazo.
Dicen que el papel aguanta lo que le pongan y a lo mejor algunos patronos y empresarios responsables cumplen a cabalidad con lo que dice el decreto, pero sin duda hay otros que se aprovechan y hacen fiesta.
Para muestra, la intervención de las autoridades de Salud en Monterrey de San Carlos, la noche del jueves anterior.
Descubrieron cómo 17 nicaragüenses (hasta este momento se desconoce su condición migratoria) viajaban como ganado, bajo circunstancias completamente insalubres e inhumanas, en el cajón de un camión y se dirigían, en apariencia, a una finca donde se procesa yuca. Así lo informó el medio San Carlos Digital.
Ocho de los extranjeros portan el coronavirus (los detectaron en el Área de Salud de Ángeles de San Ramón de Alajuela) y el resto cuenta con orden sanitaria.
“Fueron contratados por una persona, empresaria, para poder recolectar yuca y realmente para nosotros esto nos está trayendo un gravísimo problema porque son positivos y tenían una orden para no salir”, aseguró Claudia Rosales, directora regional del Ministerio de Salud al sitio regional.
Para algunos cada situación es producto de mundos paralelos, pero es causada por la misma informalidad que se vive en la frontera norte.
Y eso que ni siquiera se ha mencionado los salarios de hambre que reciben los nicaragüenses, que si acaso llegan a ¢100.000 mensuales y en el mejor de los casos están asegurados.
Otro ejemplo es el que se vive en varias casas en Ángeles de La Fortuna de San Carlos; un extranjero paga entre ¢15.000 y ¢20.000 mensuales por dormir en un cuarto en compañía de otros dos o tres compatriotas.
Sobra decir que las condiciones en las subsisten son precarias, comen en una misma mesa y el espacio que tienen es reducido.
Es una realidad ignorada por los gobernantes (a lo mejor le dan la espalda) que garantizaron que por la frontera ¡no pasaba nada!
