El Gobierno de la República, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, se unió a otros 16 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su condena al Gobierno de Nicaragua por despojar de su nacionalidad a los presos políticos que liberó y exilió el 9 de febrero del 2023.
La declaración fue firmada por los representantes de Argentina, Antigua y Barbuda, Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guayana, Jamaica, Paraguay, Perú, República Dominica, Trinidad & Tobago y Uruguay.
En el documento se saluda la liberación de los presos y se expresa satisfacción por la oferta de España de concederles la nacionalidad española. Sin embargo, también se deploró el despojo de su nacionalidad y bienes, como recordó el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre el derecho de toda persona a una nacionalidad.
La embajadora de Costa Rica ante la OEA, Samy Araya, acotó: “La nacionalidad constituye un derecho inderogable y la privación arbitraria de la misma, especialmente como pena o sanción por motivos políticos, resulta contraria al derecho internacional de los derechos humanos”.
A estas 222 personas se les condenó por delitos como traición a la patria, terrorismo y desestabilización económica. Las autoridades nicaragüenses los liberaron como para mostrar su deseo de reanudar las relaciones con los Estados Unidos, que impuso sanciones sobre el país centroamericano.
Tras la sorpresiva liberación, el mismo 9 de febrero salieron en un vuelo hacia Washington D.C. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó por unanimidad reformar la Constitución para despojar de la nacionalidad a quienes fueron condenados por traición a la patria.
Araya aprovechó para llamar al diálogo entre el gobierno y la oposición en el país vecino, así como al respeto de los derechos humanos y la democracia.
