La política comercial del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió un fuerte golpe por culpa de un fallo del Tribunal Supremo del país. Seis de los nueve magistrados declararon que los aranceles que el Gobierno estadounidense impuso a decenas de países son ilegales, pues el Presidente no podía tomar esa decisión por su cuenta.
John Roberts, presidente del Tribunal Supremo, escribió “a la luz de la amplitud, la historia y el contexto constitucional de dicha facultad, debe identificar una autorización clara del Congreso para ejercerla”, y añadió “cuando el Congreso otorga la facultad de imponer aranceles, lo hace de forma clara y con estrictas restricciones”, y concluyó que Trump no lo hizo así.
El juez Brett Kavanaugh fue uno de los que votó contra la resolució y opinó que el Tribunal no se pronunció hoy sobre si el Gobierno debería proceder a la devolución de los miles de millones de dólares que ha recaudado de los importadores, y en caso afirmativo, cómo hacerlo”. La Oficina de Aduanas de Estados Unidos reportó que hasta el 14 de diciembre se había recaudado $134.000 millones por concepto de aranceles.
Entre los países afectados estaba Costa Rica, con un arancel que imponía impuestos del 15% a los productos nacionales que entraban en los Estados Unidos. Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior, publicó un mensaje en el cual dijo que moitorea la situación, pero por el momento el comercio entre los dos países volverán a regirse en los términos del Tratado de Libre Comercio (TLC) del 2009.
Sin embargo, Trump anunció que implementará de inmediato un arancel global del 10%, lo cual deja a países como Costa Rica en la incertidumbre, y declaró que “el fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles es profundamente decepcionante, y me avergüenzo de ciertos miembros de la corte; me avergüenzo totalmente por no tener el coraje de hacer lo correcto para nuestro país”.
