El Tribunal de la Inspección Judicial remitió a la Corte Plena una denuncia del abogado Juan Diego Castro en contra del Presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, por supuestas irregularidades cometidas a partir de la publicación de un comunicado el pasado 19 de abril en el cual adelantó que la agresión contra la jueza Kattia Carballo fue debido a sus resoluciones, cuando quedó demostrado que ese no fue el motivo.
Juan Diego Castro explicó que se violó el artículo 196 de la Ley orgánica del Poder Judicial porque “el magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia oficializa, presiona y toma partido de una situación que está en investigación del Ministerio Público, con lo cual podría afectarse no solo la investidura del funcionario judicial de más alto rango, sino la imagen del mismo Poder Judicial”.
El documento del Tribunal precisó “corresponde a la respetable Corte Plena conocer las faltas atribuidas a las personas integrantes de la Magistratura”, y agregó “tratándose de una denuncia planteada en contra la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, se estima, la competencia administrativa para conocer las presentes diligencias disciplinarias recae de forma exclusiva en el órgano jeráquico superior del Poder Judicial”.
La jueza de ejecución de la pena, Kattia Carballo, fue víctima de una agresión el pasado 17 de abril por parte de un sujeto de apellido Ulloa, quien instigó a su perro para que la atacara y luego la golpeó él mismo. Ulloa está en prisión preventiva, tanto sus abogados como la jueza Carballo afirmaron que el ataque se debió a un peito entre vecinos, versión que confirmó el juez penal de Heredia a cargo del caso.
Pero antes que se aclararan los hechos en las redes sociales del Poder Judicial se publicó un comunicado que expresaba “agredir a una jueza por desacuerdo con sus resoluciones constituye una grave afrenta, no solo contra su integridad personal, sino también contra la independencia judicial y contra el sistema de justicia en su conjunto”.
Y por si fuera poco, después se supo que Carballo había acudido a la Fiscalía para interponer una denuncia por amenazas siete meses antes de que ocurriera la agresión . También estuvo en el Programa de Protección de Víctimas y Testigos del Poder Judicial sin que ninguna de estas instancias tomara acciones para protegerla.
