- Presidente redujo de ¢27.000 millones a ¢11.000 millones el recorte planteado para el 2027, pero puso requisitos para liberar recursos.
- Catalino Orlando Aguirre respondió que una cosa es fiscalizar y otra condicionar cómo y cuándo puede usarse la plata.
La presidente, Laura Fernández Delgado, ‘aflojó’ la tijera sobre el presupuesto del Poder Judicial, pero puso condiciones para hacerlo y en la Corte ya hicieron caritas.
En cadena nacional de este domingo 13 de setiembre del 2026, Fernández anunció que la reducción planteada inicialmente por Hacienda para el presupuesto judicial del 2027 bajará de ¢27.000 millones a ¢11.000 millones.
Son ¢16.000 millones menos de recorte que lo anunciado originalmente.
“Di la instrucción de que la disminución solicitada sea solamente de ¢11.000 millones. La reducción que se les aplicará es de apenas un 2%”, aseguró Fernández.
Según explicó, las instituciones del Gobierno bajo su mando asumirán la rebaja restante.
Plata en mano…
Fernández anunció que los recursos se liberarán por tractos después de cumplir tres pasos.
Primero, las cuentas auditadas del fideicomiso para infraestructura judicial en el Banco de Costa Rica deberán ser evaluadas por la Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público.
Después, la Contraloría General de la República deberá certificar el cumplimiento de sus disposiciones sobre esas obras.
Finalmente, la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público y posteriormente el Plenario Legislativo deberán dar luz verde a Hacienda para liberar los fondos.
La presidente justificó los controles cuestionando el manejo de recursos dentro del Poder Judicial y señaló, entre otros ejemplos, el millonario alquiler del edificio de la Sala Constitucional.
Fernández también dejó claro que bajar el recorte no significa bajar el tono del enfrentamiento.
“La culpa de la crisis del Poder Judicial es de ustedes. No me van a utilizar como excusa para pretender justificarse”, lanzó la mandataria.
Presidente de la Corte brinca
Este lunes 14 de setiembre del 2026, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Catalino Orlando Aguirre, salió a cuestionar las condiciones anunciadas por Fernández.
Aguirre no centró su respuesta en los ¢11.000 millones que finalmente se rebajarían. El punto que puso sobre la mesa fue el mecanismo planteado para disponer de parte de los recursos.
Aseguró que el Poder Judicial ya rinde cuentas, está sometido a la fiscalización de la Contraloría y a los controles y auditorías establecidos por ley. También afirmó que su ejecución presupuestaria supera el 95%.
Para Aguirre existe una diferencia fundamental entre fiscalizar cómo se utiliza la plata y condicionar cuándo y cómo puede utilizarla el Poder Judicial.
“Otra cosa es condicionar cuándo pueden utilizarse, cómo pueden reorganizarse o qué plazas pueden utilizarse (…) y no con intervención administrativa de otro poder de la República”, manifestó.
El jerarca judicial sostiene que, si esos recursos no están disponibles cuando se necesitan, las consecuencias pueden alcanzar áreas como investigaciones del OIJ, tecnología, atención y protección de víctimas y funcionamiento de los tribunales.
