Un informe de Auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) reveló que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) ejerce pocos controles sobre las platas que le transfiere el gobierno.
Ese tema es esencial porque, según datos de la CGR, “para el 2023 el presupuesto inicial de la CCSS incorporó ingresos por un monto de ¢5.734.177,9 millones, de los que ¢458.407,2 millones corresponden a transferencias que el gobierno central debe girar a la institución”.
De acuerdo con el informe, la falta de seguimiento hizo que “para el 2021, la CCSS no incorporó un monto de ¢6.279,9 millones, que había sido asignado en el presupuesto de la República”.
Manuel Corrales, gerente de Fiscalización para Desarrollo del Bienestar Social, explicó: “El Ministerio de Hacienda incorpora dentro del presupuesto nacional montos que se asignan por concepto de estos ingresos en los distintos títulos presupuestarios, por ejemplo, del Ministerio de Salud o del Ministerio de Trabajo y no le comunica a la Caja el detalle de estas asignaciones”.
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Estos factores limitan la información que la CCSS tiene del impacto de la diferencia entre lo que presupuesta y lo que al final le asigna el gobierno central en la gestión de los servicios de salud y las pensiones.