El Gobierno tiene vía libre para formalizar el contrato de monitoreo electrónico con tobilleras con el Consorcio para el Monitoreo de Personas en Costa Rica, pues la Contraloría General de la República (CGR) declaró sin lugar tres recursos de apelación contra la adjudicación de la licitación pública internacional.
Este consorcio está formado por la estatal Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa) y la empresa brasileña Synergye Tecnología Da Informaçao S. A. El plazo del contrato sería de 48 meses, es decir dos años, y el precio sería de $5.99 por día para cada tobillera.
La necesidad de un nuevo contrato se dio porque las autoridades decidió no extender el que existía entre el Ministerio de Justicia y Paz y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
Sin embargo, la ESPH apeló la decisión ante la CGR, por lo que se atrasó su puesta en marcha y como este 8 de marzo del 2023 vence el contrato se debió proceder con una contratación de urgencia con Racsa para mantener el servicio.
Alfredo Aguilar, gerente asociado de la División de Contratación Administrativa de la CGR, explicó: “En el caso de los tres recursos que se resuelven, los argumentos fueron desestimados en el tanto los recurrentes presentan incumplimientos de carácter técnico que impiden que puedan llegar a ganar el concurso”.
La CGR detalló que los incumplimientos técnicos se relacionan con: la certificación que acredita que la tobillera no dejará de funcionar por la exposición al polvo y al agua, no acreditar que el sistema de localización GPS de la tobillera puede trabajar con redes wifi de forma complementaria, entre otros.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, apoyó el cambio y criticó a la ESPH por atrasar el proceso con las apelaciones.
Según el Ministerio de Justicia, con este contrato el Estado ahorraría plata, porque la ESPH cobraría $11,64 diarios por tobillera, casi el doble de lo que cobrarán Racsa y los brasileños.
