La Ley Marco de Empleo Público entró en vigencia el mismo día que se publicó su reglamento, aunque se espera una reforma en breve para lo que se convocó un diálogo nacional, que se realizará del 20 de marzo al 13 de abril del 2023.
La idea es producir una propuesta que se presentaría a la Asamblea Legislativa con el fin de cubrir los vacíos y que su implementación sea más clara.
Laura Fernández, ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), recalcó que los recursos que el Estado destina al pago de salarios han crecido exponencialmente sin control.
La jerarca manifestó que son conocidas las “diferencias salariales entre funcionarios que tienen exactamente la misma clase de puestos, el mismo nivel de responsabilidad con diferencias salariales que dependen únicamente por la institución donde labore el funcionario, que alcanza y superan hasta un 200%”.
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Esta ley aplica para la mayor parte de las instituciones del Estado.
Fernández aclaró que no forman parte los colegios profesionales, el Cuerpo de Bomberos, ni el Instituto Nacional de Seguros (INS).
Por el contrario sí cubre al gobierno central, los tres Poderes de la República e instituciones con autonomía como la Caja Costarricense del Seguro Social y las universidades públicas.
El Mideplan publicó una lista de salarios globales transitorios, que rigen para los empleados que contrate cualquier institución del sector público a partir del 10 de marzo del 2023.
Este nuevo modelo salarial deja atrás el antiguo modelo de pluses que se venía utilizando.
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Los salarios son transitorios porque la Ley Marco de Empleo Público no define un plazo para tener las columnas de salarios globales definitivos, pero tampoco “tendría sustento legal contratar nuevas personas bajo el modelo de pluses”, dijo Fernández.
A eso se agrega que el trabajo en las columnas de salarios globales definitivos se atrasó debido al hackeo de sistemas informáticos a partir de abril del 2022.
Para el diálogo nacional, la ministra Fernández dijo que se organizará con mesas de trabajo por cada una de las siete familias de puestos que establece la ley y cada una tendrá un moderador externo miembro del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, así como de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Allí se discutirán y crearán las propuestas de reforma a la ley de forma democrática.