El escándalo que reventó del “mascarillazo” a media semana relacionado con el contrato que ganó la empresa MR Comunicaciones Políticas, liderada por la periodista española Miren Martínez Ruiz, por $1,9 millones para suplirle cinco millones de mascarillas a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) abrió viejas heridas y removió recuerdos incómodos en dos consultoras que trabajaron meses atrás para esa firma.
¡Qué Torta! conversó con las dos profesionales a través de reuniones virtuales y recopiló los testimonios. Se puede interpretar que prácticamente vivieron un tormento el tiempo que estuvieron al lado de Martínez Ruiz.
Este medio tiene algunos documentos que prueban que las afectadas formalizaron sus reclamos a través del Ministerio de Trabajo y de la CCSS.
Los nombres de las mujeres no serán revelados con el fin de proteger sus identidades.
Martínez Ruiz contrató a las colaboradoras en diferentes periodos con el fin de que organizaran eventos para MR Comunicaciones Políticas y gestionaran cuentas de clientes.
En ambos casos, las profesionales presentaron denuncias ante la Dirección de Inspección – Plataforma de Servicios de la CCSS; una sí se resolvió favorablemente, mientras que la otra casualmente hasta el viernes anterior (después de que estalló la polémica) la atendió un inspector (se interpuso desde febrero anterior).
De acuerdo con el relato de las consultoras, la extranjera les prometió un buen salario más un porcentaje de comisión por ventas generadas.
Una de ellas laboró casi tres meses para MR Comunicaciones Políticas y afirma que le quedaron debiendo al menos tres quincenas de salario. Esto lo reclamó a través del Ministerio de Trabajo, pero como ningún funcionario pudo notificarle a Martínez Ruiz en el tiempo establecido por ley el caso prescribió.
Incluso, la afectada sostiene que la periodista debió pagarle el equivalente a nueve meses de salario porque finiquitó el contrato unilateralmente con el argumento que no superó el tiempo de prueba de tres meses (la despidió dos días antes de cumplir ese periodo). El documento que firmaron fue por un año.
Recordó que uno de los tragos más amargos que tuvo fue en un viaje al extranjero al que la jefa la mandó apresuradamente y no le dio un cinco en viáticos. Aunque los gastos de tiquetes de avión y la estadía estaban cubiertos no tenía dinero para movilizarse en la ciudad, ni para alimentarse. Eso, indicó, también lo quedó debiendo, así como los servicios profesionales que brindó un diseñador para un proyecto.
En su declaración, la joven reconoce que la denuncia que interpuso en la CCSS tuvo efecto y la institución obligó a Martínez Ruiz a ponerse al día con ese incumplimiento de pago de cargas sociales.
La otra colaboradora no corrió con la misma suerte. Laboró un mes para MR Comunicaciones Políticas y después de presionar por varias semanas logró que la extranjera le pagara $400 por concepto de un mes de trabajo.
Sin embargo, hasta este momento aún no ha logrado que la CCSS le ordene a Martínez Ruiz que cancele esas cargas sociales.
El viernes anterior, esta asesora recibió la llamada de un inspector de la institución en la que le comunicó que el caso se le había asignado. El trámite ha sido bastante lento, pues ella interpuso la denuncia desde mediados de febrero de este año.
¡Qué Torta! se enteró de al menos dos casos más de mujeres que pasaron por lo mismo mientras le prestaron servicios a la firma.
Solo mujeres reclaman
Llama la atención que el común denominador en los reclamos laborales que ha enfrentado Martínez Ruiz es que solo mujeres figuran como víctimas de aparentes incumplimientos laborales.
La periodista española es la presidenta de Woman Leader Centroamérica y en varias intervenciones que han reproducido algunos medios de comunicación costarricenses afirma que las mujeres “somos el eje del cambio, todas hemos sido sometidas a acosos de algún tipo. Todas hemos sabido que estábamos en un lugar que no teníamos que estar, o en situaciones que no teníamos que tolerar”.
En marzo anterior, MR Comunicaciones Políticas organizó el evento “Noches diplomáticas: la mujer como eje del cambio”, en el que participaron personalidades del país como Nuria Marín (esposa del político Antonio Álvarez Desanti), Laura Bonilla (presidenta de la Cámara de Exportadores (Cadexco), Noelia León (propietaria de la empresa Konig) y la fiscala general de la República, Emilia Navas.
Esa actividad la destacó el Ministerio Público en la página oficial del Poder Judicial. Esa institución ahora investiga las compras directas que realizó la CCSS a la empresa MR Comunicaciones Políticas en el expediente 20-0001222-1218-PE.
Precisamente, porque el asunto se judicializó, Martínez Ruiz no se refirió a las denuncias de sus excolaboradoras y tampoco si tiene o no relación con Navas.
Este medio consultó sobre los procesos abiertos que la firma tiene en la CCSS por incumplimiento de pago de cargas sociales a trabajadores, pero la oficina de prensa indicó que no se refiriría al tema porque la Fiscalía aperturó de oficio la investigación.
Lo que sí detalló la Caja es que cualquier compañía que esté al día en el pago de las cuotas obrero patronales puede participar en procesos de contratación administrativa.
Además, “que la condición de moroso es subsanable. Una vez consultado en Sicere si aparece en esta condición se solicita subsanar para continuar con el análisis administrativo. Si no lo subsana se excluye del concurso”, indicó la oficina de prensa de la CCSS.
Lo único que Martínez Ruiz mencionó en la llamada telefónica es que MR Comunicaciones Políticas está al día en la Caja, dato que respaldó la institución.
Justo dos días antes de ganar el contrato de venta de cinco millones de mascarillas (25 de mayo), la extranjera saldó una deuda por ¢38.038 que tenía con la CCSS, según informó el periódico La Nación, en reportaje publicado por el periodista Diego Bosque.
