- Crédito hipotecario registra un interés del 8,9 % anual y un plazo de 30 años, mientras resolución judicial señala que la asociación establecía un 14 % y un máximo de 20 años para esa modalidad. Solano aspira este lunes a presidir la Corte Suprema de Justicia.
La magistrada Patricia Solano Castro, aspirante a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, está en el centro de una controversia por un préstamo hipotecario de ¢128.150.891,69, concedido por la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (Asosejud), con una tasa fija del 8,9 % anual y un plazo de 30 años.
Las condiciones de la operación contrastan con las disposiciones del Reglamento de Crédito y Cobro de Asosejud, citadas en una resolución judicial relacionada con la investigación penal que enfrenta dicha administración.
Según el documento judicial, los créditos personales con garantía hipotecaria contemplan una tasa del 14% anual y un plazo máximo de 20 años, de conformidad con los artículos 11, 12 y 16 del reglamento.
En el préstamo atribuido a Solano, la diferencia alcanza 5,1 puntos porcentuales menos de interés y diez años adicionales de plazo.
La operación, cuyos datos registrales fueron divulgados por el abogado penalista Juan Diego Castro, establece una cuota mensual de ¢1.021.923,58 y vencimiento el 15 de julio del 2055.
Para entonces, la magistrada tendría aproximadamente 96 años.
Antecedente activa alarmas
La resolución judicial sobre Asosejud documenta cuestionamientos por créditos concedidos a miembros de su Junta Directiva bajo condiciones más favorables que las establecidas reglamentariamente.
En el caso de Shirley Montes Fenell, el expediente describe operaciones con tasas de entre el 8% y el 10% anual, confrontadas con un parámetro reglamentario del 11%.
También se identificaron préstamos a Erick Calvo Zamora con intereses de entre el 4% y el 10% anual.
El documento judicial examina esas diferencias como parte de las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de la asociación.
Ahora, el crédito atribuido a Solano plantea una interrogante concreta: ¿bajo cuál modalidad y con qué autorización se aprobó una hipoteca de ¢128 millones al 8,9 % durante 30 años?
Propiedad en Parrita bajo cuestionamientos
Castro también cuestionó la garantía hipotecaria constituida sobre una finca filial ubicada en Parrita, Puntarenas.
Según la certificación registral RNPDIGITAL-1823236-2026, citada por el abogado, el inmueble registra una estimación o precio de adquisición de US$45.000 en el 2023.
Frente a un crédito superior a ¢128 millones, surge otra pregunta: ¿cuál fue el avalúo utilizado por Asosejud para aprobar el financiamiento?
El abogado también solicitó explicaciones sobre la póliza de vida deudora y el estudio de capacidad de pago que respaldó la operación.
Diputada cuestiona condiciones
La diputada Marta Esquivel, del Partido Pueblo Soberano, se sumó a los cuestionamientos y anunció que pedirá explicaciones sobre la aprobación del crédito.
“Son ₡128 millones. No estamos hablando de cualquier préstamo. Voy a pedir que expliquen quién lo aprobó, con qué garantías y si a cualquier asociado en condiciones similares le ofrecen lo mismo. El cargo de magistrada no puede significar un trato especial”, afirmó.
Esquivel también solicitará investigar si se realizaron aportes de cesantía a nombre de Solano que no correspondieran legalmente, tomando en cuenta su situación laboral y una eventual liquidación anterior.
Al filo de la navaja
La controversia estalla a las puertas de la elección de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, prevista para este lunes 26 de octubre.
Patricia Solano aspira a dirigir el Poder Judicial mientras surgen cuestionamientos sobre las condiciones de un préstamo concedido por una asociación cuya administración está bajo investigación penal.
