Eduardo Ulibarri, Javier Chaves y Luis Mesalles tienen en común su relación con el Grupo Nación como directivos o columnistas en los medios de esta corporación. Otro tema en común de estos tres hombres es que forman parte de los 22 sospechosos en el caso Aldesa, una de las mayores estafas que se han presentado en el país.
El Ministerio Público anunció que la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual finalizó la acusación y notificó a las partes del proceso. De acuerdo con la Fiscalía “hay pruebas suficientes para acreditar, en grado probable, que 22 personas habrían cometido delitos”.
El 30 de octubre la la Sección de Anticorrupción, Delitos Económicos y Financieros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) envió un informe policial definitivo. Entre el 14 y el 20 de noviembre el Ministerio Público tomó las declaraciones indagatorias a todos los involucrados con la causa.
Las víctimas tienen tres días para informar a la Fiscalía que desean presentar una acusación privada, y en caso que quieran querellar se les darán otros 10 días para que presenten el documento respectivo. También tendrán que informar si quieren ejercer una acción civil resarcitoria a fin de definir el montó que pedirán por el daño causado.
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Cuando venza este periodo y las víctimas se conviertan en querellantes, se solicitará al Juzgado Penal que abra un juicio y será el juzgado el que determine si se realizará un debate oral y público.
Caso complejo
El Ministerio Público comunicó que la acusación tiene 809 páginas. Mientras que el expediente se compone de 5.323 folios en el legajo principal, dos legajos de prueba con 535 folios, 20 legajos de denuncia y prueba de inversionistas que suman 3.536 folios.
Aldesa Corporación de Inversiones era una empresa que se dedicaba a negocios financieros en los que captaba dinero de sus clientes para invertirlo a cambio de devolverlo con intereses. En marzo de 2019 suspendió los pagos a sus clientes yse declaró en bancarrota.
Más de 500 personas perdieron sus ahorros, muchos de los que invirtieron eran adultos mayores. Javier Chaves, presidente de Aldesa, dijo que la pérdida era de $200 millones y se debió a inversiones en proyectos inmobiliarios que no dieron los beneficios que esperaban.
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Durante cuatro años el proceso no presentó avances y algunos afectados llegaron a decir que la entonces Fiscal General, Emilia Navas, estaba atrasando el juicio. Familiares de víctimas acudieron al presidente Rodrigo Chaves para llamar la atención sobre el caso porque tenía que ir a juicio antes de que prescriba el 7 de junio de 2024.