Un criterio de la Procuraduría General de la República (PGR) dejó al garete a 500 profesionales, que quedaron fuera del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica.
La junta directiva de ese órgano los sacó de un solo tiro, el viernes 27 de octubre del 2023, al acatar una disposición que determina “la ilegalidad de agremiar a población que no sea profesional en Criminología”.
Las implicaciones de esta decisión tendrían consecuencias serias con respecto a la estabilidad laboral de esas personas y las deja en absoluto estado de indefensión.
Anteriormente, los profesionales en Investigación Criminal, Criminalística y otras carreras afines formaban parte del Colegio de Criminólogos, pero ahora solamente aceptan a los graduados en Criminología. El resto queda en el aire.
De estas 500 personas, muchos ejercen como jefes en cuerpos de seguridad y tienen a cargo la seguridad de instituciones públicas.
Por tal razón, el abogado Joseph Rivera asegura que al quedar fuera podrían ser despedidos en cualquier momento por falta de requisitos, favoreciendo al hampa y complicando aún más la situación de seguridad que enfrenta el país.
El Colegio de Criminólogos está debilitando el sistema de control social y las instituciones públicas que velan por la seguridad de este país (…) al no existir estas personas agremiadas que trabajan en el sector público en el momento que les cancelan su licencia para poder ejercer la Criminología, el Estado va a tener que trasladarlos de puesto a otros puestos inferiores”.
afirmó el abogado Rivera.
Esto se interpreta como una violación a los derechos constitucionales porque a estas personas se las volaron, en apariencia, de manera injustificada, sin un debido proceso, y que por años pagaron la mensualidad en el colegio.
(…) Hay que ir a la Sala Constitucional, presentar un recurso de amparo en contra del Colegio de Criminólogos de Costa Rica para que la Sala resuelva este entuerto jurídico y que estas personas no sean despedidas de sus trabajos. Además, hay que tomar en cuenta que si el Colegio de Criminólogos sacó a 500 personas, el mismo Colegio de Criminólogos se está enriqueciendo ilícitamente con estos dineros y ellos tendrían que devolver esta plata en virtud de que ya estos funcionarios que trabajan en el sector público y que estaban incorporados, mes a mes, tuvieron que pagar la colegiatura, entonces le estaría causando un perjuicio económico a todas estas personas desde el punto de vista penal”.
agregó Rivera.
El presidente del Colegio, Tino Salas, explicó que para que estas personas sean incorporadas nuevamente y cambiarle el nombre al colegio, la Asamblea Legislativa debe modificar la ley 8831.
