El Presidente de la República, Rodrigo Chaves, respondió duramente a las declaraciones del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre. El mandatario también llamó a Aguirre a responder un documento con 50 preguntas sobre el funcionamiento del Poder Judicial que presentaron los abogados Juan Diego Castro y Fabián Silva, junto con el diputado electo, Antonio Barzuna.
El pasado 25 de febrero, el presidente Chaves dijo que varias personalidades de los poderes Legislativo y Judicial, entre ellos Aguirre, quienes “después dicen que ellos son los que defienden a las instituciones. No, defienden a los criminales, defienden a la corrupción”.
En una entrevista a Central de Noticias Presidente el pasado 3 de marzo, Orlando Aguirre expresó que las declaraciones de Chaves “tienen un objetivo que no es otro que desestabilizar la institucionalidad de este país como lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo”. Agregó que sus declaraciones “no son serias” y tienen el objetivo de “desprestigiar al Poder Judicial y con ello a la institucionalidad democrática de Costa Rica”.
En su conferencia de prensa semanal, el Presidente reaccionó a lo que dijo Aguirre “da vergüenza el tipo de argumentos que hace, porque contrario a aquí, nosotros vemos presupuestos, vemos resoluciones de la Sala Cuarta. Criticamos a acciones específicas. ¿Qué dice don Orlando? El piropo decirme que yo he sido el presidente más conforntativo con ese cáncer que él predice”.
Además, le propuso: “don Orlando, si usted quiere lavarse la cara aquí tengo yo la carta con 50 preguntas que le hizo don Juan Diego Castro Fernández, que ayer presentaron junto con don Fabián Silva y el diputado electo, Antonio Barzuna. Ahí sí, no hable paja don Orlando. Conteste estas 50 preguntas: ¿a quiénes han sancionado?, ¿cómo se maneja el presupuesto?, ¿cuál es el nivel de impunidad?”.
Juan Diego Castro había descrito el documento que entregó al Poder Judicial como “una aditoría ciudadana”, y comentó que servirá “para analizar por qué el grupo que tiene agarrada la justicia del pescuezo no deja que haya justicia pronta y cumplida”. La ley obliga a Aguirre a responder el derecho de petición en un espacio de 10 días hábiles que se cumplirá el próximo jueves 19 de marzo.
