El exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Víctor Hugo Víquez debió apartarse de las estructuras verdiblancas como consecuencia de una sentencia que dictó en su contra el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública.
Es un caso que se remonta a diciembre del 2017 y que dio a conocer la fiscala general en aquel momento, Emilia Navas Aparicio.
Hubo sobreseimientos a favor de Víquez, que fueron anulados por otras instancias judiciales y que finalmente desembocaron en un nuevo proceso en el que lo hallaron culpable por tráfico de influencias este martes 28 de marzo del 2023.
Los jueces lo condenaron a dos años y ocho meses de prisión, así como a la inhabilitación para ejercer cargos públicos por tres años.
“El amor al Partido Liberación Nacional y a algunos de sus líderes me hace anunciar mi renuncia irrevocable de sus órganos, no porque alguien me lo pide, sino por la convicción de lo que significa la historia del Partido al que le di mi vida entera”, detalló el exlegislador en un comunicado.
El fallo le cae como un balde de agua fría, apenas días después de haber sido escogido como representante del directorio político del PLN en Heredia, impulsado por el expresidente Óscar Arias Sánchez. Por ejemplo, el presidente del Partido, Ricardo Sancho, reaccionó apenas circuló la noticia y pidió la separación inmediata de Víquez.
A Víquez ni siquiera le dio chance de asumir el puesto.
De acuerdo con el expediente, se determinó que el político intercedió en favor del empresario Juan Carlos Bolaños para que desarrollara la construcción de una obra de estabilización de un talud camino a Ciudad Colón, en el cantón de Mora, informó el Ministerio Público.
La presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) en aquella ocasión, Vanessa Rosales, rechazó otorgar cualquier ventaja indebida en la contratación.
Esta investigación es una de varias que conforman el caso del cementazo, en el que Bolaños figura como uno de los principales sospechosos. En el expediente figuraban otras obras en las que, aparentemente, hubo alguna presión para que se asignara su contratación específica como en Bribrí – Sixaola y el dique de Nosara, Guanacaste.
En el caso también figuraban el exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana Wálter Céspedes Salazar y el propio Bolaños, sin embargo, al final los dejaron de lado.
