Para el fiscal interino del Distrito Este de Texas, Jay R. Combs, Celso Manuel Gamboa Sánchez no es el exministro de Seguridad, exfiscal y exmagistrado de la Sala Tercera que muchos recuerdan en Costa Rica, sino un traficante internacional de cocaína al nivel de Edwin Danny López Vega, alias “Pecho de Rata”.
Así de directo fue el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos: Gamboa está acusado formalmente de conspirar, fabricar y distribuir “cantidades significativas” de cocaína, con conocimiento de que sería exportada ilegalmente a Estados Unidos, en una operación donde Costa Rica fue pieza clave de tránsito y logística.
El relato oficial detalla que Gamboa —detenido el 23 de junio del 2025 en Costa Rica bajo una orden de arresto provisional— habría sido un engranaje activo en una red internacional de tráfico que movía cocaína desde América Latina hasta las calles estadounidenses.
Ese mismo día fue arrestado también su presunto socio, López Vega, con quien compartirá banquillo si finalmente son extraditados.
En la acusación, el exalto funcionario aparece descrito como parte de una estructura que facilitó el tráfico de droga a gran escala, mientras durante años ocupaba las más altas posiciones en la administración pública costarricense: ministro de Seguridad Pública, en el 2014, y magistrado de la Sala Tercera, entre 2016 y 2018, entre otros cargos clave.
Los narcosocios permanecen en prisión preventiva que se les dictó por dos meses, tiempo suficiente para que un tribunal defina que se los lleven para Texas, donde serán juzgados.
Si un tribunal federal estadounidense los declara culpables podrían enfrentar un mínimo de diez años y hasta cadena perpetua en una cárcel federal. Esto dependerá de si Celso y ‘Pecho de Rata’ cantan; si negocian entregar a unos cuantos peces gordos del país les darían beneficios.
Este caso forma parte de la operación Take Back America, la ambiciosa ofensiva del Departamento de Justicia estadounidense que busca eliminar a carteles, frenar la inmigración ilegal y desarticular organizaciones criminales transnacionales, combinando los recursos de las Fuerzas de Tarea de Control de Drogas y Crimen Organizado y el Proyecto Vecindarios Seguros.
La investigación está a cargo de la DEA, el FBI y la Fuerza Especial del Norte de Texas, con asistencia de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia.
La causa está en manos de los fiscales Wes Wynne y Christopher Eason.
El Departamento de Justicia subrayó que una acusación federal no equivale a una sentencia y que tanto Gamboa, como López Vega son inocentes hasta que un tribunal lo determine, más allá de toda duda razonable.
