- Pesquisa por tres homicidios permitió identificar estructura que, presuntamente, utilizaba visitantes pagados y la aparente colaboración de funcionarios para introducir droga y teléfonos celulares a centros penales.
- Inteligencia de la Policía Penitenciaria fue clave para identificar la operación.
Lo que comenzó como una investigación por tres homicidios terminó exponiendo una segunda estructura criminal que, según las autoridades, operaba desde las cárceles costarricenses.
En los allanamientos ejecutados este martes 21 de julio del 2026, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no solo golpeó a una organización vinculada con alias Diablo, sospechosa de tráfico nacional de drogas, sicariato y homicidios, sino que también sacó a la luz el presunto mecanismo que utilizaba esa agrupación para abastecer de droga y teléfonos celulares a privados de libertad recluidos en distintos centros penitenciarios.
La investigación inició en setiembre del 2024 tras un homicidio ocurrido en Batán de Matina, Limón, y, conforme avanzó, permitió relacionar a la organización con otros dos asesinatos registrados en enero y mayo del 2026.
Sin embargo, durante las diligencias surgió una nueva línea investigativa que apuntó directamente hacia el sistema penitenciario.
La magnitud de la investigación quedó reflejada en el operativo desplegado. El OIJ realizó 37 allanamientos y reportó la detención de 34 personas, mientras que en forma simultánea intervino cinco centros penitenciarios, donde fueron investigados 15 privados de libertad identificados como presuntos colaboradores de la estructura criminal ligada al Diablo.
Fue en ese punto donde los reportes elaborados por la inteligencia de la Policía Penitenciaria comenzaron a cobrar protagonismo.
Según explicó el director de la Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi, esa información permitió identificar a los privados de libertad que integraban la estructura, relacionarlos con las personas que los visitaban y establecer cómo operaba la logística para ingresar droga y dispositivos electrónicos prohibidos a las cárceles.
La participación de la Policía Penitenciaria fue crucial. Mucha de la información que se dio permitió precisamente llegar hasta las personas que estaban dentro de los centros penales generando la articulación de venta de drogas”, explicó Bertozzi.
El comisario detalló que la organización reclutaba personas en condición de vulnerabilidad para introducir droga durante las visitas, mientras que los teléfonos celulares permitían mantener activas otras operaciones criminales desde el interior de los centros penales.
Posteriormente se hace una relación de estos individuos con las personas que los visitan y son las que les llevan la droga por diferentes medios. Igual también se participa en el decomiso a terceros de drogas que son ingresadas por personas vulnerables que son contratadas por los miembros de esta organización que están en las calles para que cojan esa droga y la lleven hasta el centro penal”, detalló Bertozzi.
Pagaban un platal
De acuerdo con el OIJ, la organización tenía centros de operación para la distribución de droga en Batán, Siquirres, Limón, San José y Liberia.
La Policía Judicial también presume que la organización pagaba hasta ¢300.000 por cada ingreso exitoso de droga y celulares a las cárceles.
Hemos logrado establecer que cobraron entre ¢500.000 y ¢700.000 (por asesinar) de acuerdo al perfil de la víctima. Y ese era el precio que le ponían por quitarle la vida a las personas”, aseguró el director a. i. del OIJ, Michael Soto.
Cero tolerancia con la corrupción
La investigación también alcanzó a dos funcionarios penitenciarios destacados en el Centro de Atención Institucional Carlos Luis Fallas, en Pococí.
Uno de ellos, el director del centro penal, de apellido Mora, fue detenido porque, durante las diligencias, se le encontró un dispositivo electrónico prohibido dentro del establecimiento penitenciario. Un segundo oficial figura dentro de la investigación y será indagado por las autoridades.
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, aseguró que este caso refleja la política de cero tolerancia contra la corrupción impulsada por la institución.
Quien decida servir al crimen organizado deja de servir a Costa Rica. No vamos a proteger a ningún funcionario que traicione su uniforme. Por el contrario, pondremos toda nuestra capacidad operativa y de inteligencia al servicio de la justicia para desarticular estas estructuras y recuperar el control absoluto de nuestros centros penitenciarios”, sentenció.
