La sombra de la inoperancia estatal cubre todo lo que tenga que ver con la pequeña Keibril Amira García Amador, de nueve meses de nacida.
Desde que su mamita, una niña que quedó embarazada a los 11 años, la llevó en su pancita estuvo expuesta a riesgos sociales altos.
Llegó a este mundo desprotegida, sin recibir un acompañamiento y sin que alguien pusiera atención a las señales que indicaban que ella era fruto de una violación.
El fiscal general de la República, Carlo Díaz, reconoció, en una carta que se envió a los medios de comunicación, que, de nuevo, el Ministerio Público erró al enviar un comunicado, el viernes 14 de abril del 2023, en el que se generalizó “que no había sido alertado por parte de ninguna institución sobre la sospecha de que una persona mayor de edad estaba involucrada con la agresión sexual a la adolescente madre”.
En realidad, un educador levantó la mano y advirtió desde el 27 de abril del 2022, como parte de una denuncia, lo siguiente: “(…) Se sospechaba del padrastro de la estudiante”.
Fue el primer aviso sobre la violación que el hombre de apellido Casasola, único detenido como responsable de robarse a la pequeña Keibril, la mañana del domingo 9 de abril del 2023, cometió contra la menor de edad.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) precisó, gracias a una prueba de ADN que le practicaron al presunto agresor, que es el padre de Keibril.
Lo cierto es que no hubo reacción por parte de la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil de Cartago, que pidió ante el Juzgado Penal Juvenil que se desestimara una causa contra Casasola y así procedió un juez en octubre del 2022.
Ahora, Díaz ordenó “que la Inspección Fiscal investigue cuál fue la actuación de los representantes del Ministerio Público en cada una de las causas y así determinar si hubo negligencia en la atención de este asunto, que amerite la aplicación del régimen disciplinario”.
Además, prometió que se “implementen estrictamente los protocolos de actuación que ya existen, con el fin de que se garantice un abordaje correcto, certero y oportuno, en cualquier lugar del país donde se presente un hecho similar, protegiendo los derechos fundamentales de las víctimas, principalmente los de las personas menores de edad”.
