Después del camino tortuoso que siguió Casa Presidencial para contratar una agencia que combatiera las noticias falsas entre otras tareas finalmente el gobierno se rindió y declaró desierta la licitación pública.
A pesar de que en un inicio el contrato se le había adjudicado a la empresa Bambú Capital Sociedad Anónima, cuyo propietario es Erick Arturo Apuy Achío, una mentirota se paseó en el negociazo que de entrada les dejaría un ingreso de ¢150 millones por seis meses del 2019.
Si el trabajo satisfacía a las autoridades, el contratazo se hubiera ampliado por el resto de la administración y el cheque final hubiera sido de ¢745 millones.
Sin embargo, Apuy Achío presentó una declaración jurada falsa al asegurar que contaba con la herramienta de TV Data/medición de audiencias, cuando ni siquiera figuraba en la lista de clientes de Kantar Ibope Media.
Esa compañía le pidió a Bambú Capital que dejara de usar su nombre en el proceso de licitación.
Ante ese desmadre, Nancy Marín, ministra de Comunicación, informó en aquel momento que pidieron de oficio a la Contraloría General de la República (CGR) que investigara el caso.
La CGR se trajo abajo la adjudicación y solicitó que volviera a realizarse el proceso desde el inicio.
Este viernes, Marín aseguró que declararon desierta la licitación pública porque analizaron el tema y consideraron que no hay una garantía que reciban los servicios que requiere el Ministerio.
