El Tribunal Penal de Hacienda ordenó imponer prisión preventiva por cuatro meses contra el dueño de la constructora MECO, Carlos Cerdas, y contra la propietaria de H. Solís, Mélida Solís.
Los jueces declararon con lugar el recurso que interpuso la Fiscalía contra las medidas cautelares que el Juzgado Penal de Hacienda había establecido en principio contra los empresarios: impedimento de salida del país y firmar una vez al mes en sede judicial.
El argumento del Ministerio Público se fundamentó en que las medidas contra Cerdas y Solís fueran “consistentes en una caución real y restricciones de tránsito”.
“El objeto central del recurso presentado, únicamente por la Fiscalía, se circunscribe al análisis de la idoneidad de la caución real y otras medidas, como paliativos de los peligros de fuga, continuidad delictivo y obstaculización. En otras palabras, las labores del Tribunal se centraron en analizar si las garantías económicas, la entrega del pasaporte y la obligación de mantener un domicilio fijo eran suficientes, aptas y convenientes para evitar que las personas acusadas no huyan del proceso (peligro de fuga); no destruyan, alteren u oculten pruebas (peligro de obstaculización) y no se propicie la continuación de actividades, presuntamente delictivas, como las que se investigan en el presente caso (peligro de reiteración delictiva)”, indica el comunicado de prensa del Poder Judicial.
El Tribunal Penal concluyó “que tales medidas que sustituyen a la prisión preventiva ya dispuesta no son adecuadas, es decir, no reúnen los criterios de idoneidad requeridos”, agregó la institución.
