En una actividad oficial, el mandatario informó que impulsa un programa que consiste en un crédito de salvamento para miles de trabajadores del sector público y privado que servirá para reestructurar las deudas de una personas que esté sobreendeudada, a largo plazo y a bajas tasas de interés.
La implementación de ese plan requiere de un proyecto de ley que cambie algunas normas y que debe ser aprobado por los diputados en la Asamblea Legislativa.
De acuerdo con Casa Presidencial, esto fortalecería el Centro de Información Crediticia (CIC), que permitirá proporcionar servicios de información relacionada con el historial de personas físicas y jurídicas, no solo en entidades financieras supervisadas, sino con empresas comerciales no reguladas.
“Son acciones concretas que contribuirán a mejorar la situación de las personas altamente endeudadas, a reactivar la economía y a fortalecer el bienestar de las familias costarricenses”, expresó Alvarado.
Según el presidente, hay miles de personas que apenas reciben ¢10.000 o ¢50.000 de salario o pensión por sus altos niveles de endeudamiento.
Cifras de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) citadas por Presidencia revelan que los niveles de endeudamiento de las familias asciende a números históricos.
De junio del 2011 a junio del 2018, el promedio de deudas de una familia costarricense se duplicó; pasó de unos ¢4,4 millones a ¢8,5 millones. De unos 126.000 funcionarios públicos del Gobierno Central, más de 65.000 reciben menos de ¢190.000 mensuales porque la mayor parte de la tajada la tienen comprometida.
Estudios de la Universidad Nacional (UNA) detallan que el consumo privado real de los hogares se viene desacelerando desde el tercer trimestre del 2015.
En ese trimestre crecía, de forma interanual, un 5,42%. En el segundo trimestre del 2019 creció un 1,43%. Según esa institución, la baja en el Índice de Confianza del Consumidor está relacionada con el alto endeudamiento de los hogares que reduce la capacidad de consumo actual.
“Salvavidas”
El programa de salvamento consiste en la creación de un crédito que se coordinará con los bancos estatales para beneficiar a personas físicas asalariadas.
Quienes se beneficien no podrán ser sujetos de otro crédito de consumo mientras no hayan amortizado al menos la mitad de saldo del principal o haya transcurrido la mitad del plazo del crédito de salvamento.
Para facilitar el pago se debe autorizar a los patronos, tanto del sector público como privado, para que realicen la deducción de la cuota de las planillas salariales, con el fin de asegurar que honren su deuda, respetando el compromiso de dejar libre el salario mínimo intocable.