Un avión militar C-17 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos salió este mes de Costa Rica cargado con 45 toneladas de cocaína. El destino: la destrucción, en territorio estadounidense.
La cifra impresiona: esa droga representaba más de 1.250 millones de dólares que ya no van a parar a las manos de las redes criminales.
La operación se hizo con el respaldo de la DEA, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, y de la Embajada de ese país en Costa Rica. Todo dentro del marco del Escudo de las Américas y la Coalición de las Américas contra los Carteles.
El fiscal general, Carlo Díaz, salió a lamentarse de que el Poder Judicial no tiene plata para destruir la droga en el país. Dijo que las limitaciones presupuestarias no permitían hacer esa destrucción aquí, y que gracias a la cooperación internacional fue posible sacarla adelante.
Pero la queja de Díaz no cuenta toda la historia. Porque esta no es, ni de cerca, la primera vez que los gringos tienen que venir a llevarse la droga de Costa Rica.
Entre el 2005 y el 2009, la droga decomisada se incineraba en la cementera Holcim, hasta que unos empleados robaron 20 kilos de cocaína y el país perdió esa opción.
En el 2013 ya se tuvieron que mandar 22 toneladas a Estados Unidos por fallas en el equipo. Entre el 2014 y el 2019, el país logró retomar la incineración local en Holcim, pero en el 2020 la historia se repitió: 71.7 toneladas tuvieron que ser destruidas en Miami mediante tecnología de plasma.
O sea: este no es un problema nuevo. Desde que Costa Rica perdió su primera opción de incineración en el 2009, ha tenido que recurrir a Estados Unidos varias veces para resolver algo que debería poder hacer en su propio territorio. Y el fiscal general lo presenta como si fuera una novedad de este Gobierno, cuando en realidad es un problema que el Poder Judicial ha arrastrado por más de una década sin solucionarlo de raíz.
Al explicar de dónde salió esa droga, Díaz solo mencionó a la Fiscalía y al Organismo de Investigación Judicial. Ni una palabra sobre la Fuerza Pública ni sobre la Policía de Control de Drogas.
Y eso llama la atención, porque en un decomiso de esta magnitud normalmente participan varias fuerzas de seguridad, no solamente el Ministerio Público y el OIJ.
Costa Rica ya venía de decomisar 46.5 toneladas de cocaína en el 2025, la segunda cifra más alta en la historia del país. Con este nuevo cargamento, queda claro que el problema no es solo atrapar la droga: es que, año tras año, gobierno tras gobierno, nadie en el Poder Judicial se ha tomado en serio resolver qué hacer con ella una vez que está bajo llave.
