El escándalo del caso Barrenador vuelve a salpicar a la Fiscalía General y deja al descubierto otra metida de pata monumental bajo la batuta del fiscal general, Carlito Díaz.
Un informe forense contable reveló que la denuncia presentada por el Ministerio Público contra las cooperativas de salud —entre ellas Coopesalud R.L.— se fundamentó en un documento lleno de errores matemáticos y omisiones, elaborado por el Área de Contabilidad de Costos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El nuevo análisis, que ya tienen en sus manos los diputados de la comisión legislativa que investiga las supuestas irregularidades en la Caja, expone que el informe original que sirvió de base para la acusación ni siquiera cuadraba las sumas y restas.
Según el peritaje, los funcionarios de la Caja olvidaron considerar los ahorros que las ofertas de las cooperativas representaban para la institución.
“Las diferencias de precios evidencian un ahorro global que alcanzaría los ¢18.000 millones en los diez años de vigencia del contrato”, apunta el documento.
Y como si fuera poco, los peritos señalan que se ignoraron los criterios de la Contraloría General de la República, que ordenan comparar los precios de forma global. En su lugar, los funcionarios aplicaron un análisis línea por línea para aparentar sobreprecios inexistentes.
A pesar de la bomba que significa este hallazgo, la Fiscalía aún no ha ordenado un análisis forense independiente, algo que, según fuentes legislativas, deja en el aire la validez de toda la acusación.
El diputado oficialista Daniel Vargas no se guardó nada: “El tema del caso Barrenador se ha caído por su propio peso”, sentenció, asegurando que el proceso judicial difícilmente prosperará.
Mientras tanto, la comisión parlamentaria sigue destapando el desmadre técnico detrás del caso que, según el nuevo informe, carece de sustento financiero y se tambalea por errores dignos de un estudiante de escuela.
Una más para la lista de Carlito. Y contando.
