La meserita de Hooters de apellidos Monge Vargas, de 21 años, que se metió en un broncón legal al participar, aparentemente, de una estafa mediante la clonación de tarjetas de crédito de clientes del local, respirará un poco más tranquila después de leer esto.
La Fiscalía Adjunta de Alajuela abrió un proceso contra ella y contra un joven, de 18 años, de apellidos Guerrero Gutiérrez, por supuestamente realizar varias transacciones fraudulentas.
El Ministerio Público no pidió medidas cautelares en su contra porque verificó que los imputados cuentan con arraigo laboral, domiciliar y familiar.
El delito por el que se les investiga es el de estafa bajo la modalidad de clonación de tarjetas.
El artículo 216 del Código Penal establece el castigo por incurrir en esa falta:
Quien induciendo a error a otra persona o manteniéndola en él, por medio de la simulación de hechos falsos o por medio de la deformación o el ocultamiento de hechos verdaderos, utilizándolos para obtener un beneficio patrimonial antijurídico para sí o para un tercero, lesione el patrimonio ajeno, será sancionado en la siguiente forma:
Con prisión de dos meses a tres años, si el monto de lo defraudado no excediere de diez veces el salario base.
Con prisión de seis meses a diez años, si el monto de lo defraudado excediere de diez veces el salario base”.
En el caso particular de Monge Vargas y Guerrero Gutiérrez el perjuicio económico que calcula el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) supera los ¢1,7 millones, cifra muy inferior a diez veces el salario base.
Esto quiere decir que si la meserita de Hooters y su amiguito van a juicio recibirían una pena de unos tres años de cárcel.
Como los dos tenían el expediente limpio hasta ahora les podrían conceder el beneficio de ejecución condicional de la pena (porque el castigo no superaría los tres años) y quedarían en libertad; eso sí, si vuelven a cometer un delito durante el periodo que comprende la sentencia los encarcelarían de inmediato.
