La bomba UPAD explotó doce días después, pero los daños que dejó en Casa Presidencial son realmente graves.
El resultado: las salidas de cinco funcionarios de alta confianza del presidente, Carlos Alvarado Quesada, en cuestión de doce horas.
Los primeros en renunciar fueron Juan Alfaro López (viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda) y Luis Daniel Soto Castro (viceministro de Planificación), la noche del martes.
Luego, se sumaron Víctor Morales Mora (ministro de la Presidencia), Felly Salas Hernández (directora de Despacho de la Presidencia) y Diego Josué Fernández Montero (coordinador de la UPAD).
Los únicos que se “salvaron” fueron Alejandro Ismael Madrigal Rivas y Andrés Eduardo Villalobos Villalobos, analistas de la UPAD, que serán reubicados en otras instituciones, según informó la Presidencia en un boletín.
Cabe destacar que todos estos funcionarios son investigados por el Ministerio Público.
El presidente Alvarado, el ministro Morales Mora (regresará a su curul en la Asamblea Legislativa) y el viceministro Soto Castro enfrentan un proceso por prevaricato.
Mientras que a Salas Hernández, Fernández Montero, Madrigal Rivas y Villalobos Villalobos se les abrió una causa por abuso de autoridad y violación de datos personales.
En esa investigación también figura el comisionado ad honorem LGBTI+, Luis Salazar Muñoz, quien renunció como asesor jurídico.