El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) puso a la empresa RMC La Productora S.A. del productor Christian Bulgarelli en su Lista de Contrapartes Prohibidas, es decir que por siete años no podrá participar en ningún proyecto que se financie con fondos del BCIE.
En un comunicado, el BCIE explicó “el proveedor aceptó públicamente haber elaborado los términos de referencia del proceso en coordinación y acuerdo con ex funcionaria del Ministerio de Comunicación de la República de Costa Rica”.
Los hechos se remontan a los primeros meses del gobierno del presidente Rodrigo Chaves en 2022. La empresa RMC La Productora S.A. ganó un contrato por $400.000 del BCIE para dar asesoría en comunicación a Casa Presidencial, pero Bulgarelli fue quien escribió los requisitos de la contratación por petición de Patricia Navarro, entonces Ministra de Comunicación.
Jorge Rodríguez, Ministro de Comunicación, afirmó “ha sido público, claro y notorio que la ex Ministra de Comunicación, doña Patricia Navarro, y don Christian se pusieron de acuerdo sobre algo que ha sido demostrado como el Banco lo está certificando, como un acuerdo, una colusión entre ellos para recibir un contrato y eso hasta ahí ha sido más que claro y la Fiscalía lo está investigando”.
El presidente Chaves declaró que Bulgarelli “vino a aprovecharse aquí de su amistad con Patricia Navarro, la ex Ministra, y nosotros le abrimos la puerta porque ella lo trajo. Ella era una ministra, la ministra que empezó a grabarme desde el primer día que empezó a trabajar con un reloj, vea qué clase de… , y trajo a este señor”.
Con estas palabras se refirió a que Navarro grabó en secreto conversaciones que tuvo con Chaves y Bulgarelli en Casa Presidencial y las entregó al periódico La Nación. En ellas hablan del contrato y se menciona a Federico Cruz (Choreco), amigo y jefe de campaña de Rodrigo Chaves, aunque finalmente él no participó en el contrato.
La reacción de Bulgarelli a la decisión del BCIE fue “nadie le cree al BCIE, han demostrado querer tapar el sol con un dedo, protegiendo a funcionarios públicos y funcionarios del propio banco a costa de hundir mi nombre y el de mi empresa”. El productor considera demandar al BCIE, al cual calificó como “un banco político”.
