La matazón del 2023 ha desbordado a todas las fuerzas de seguridad de Costa Rica.
Al 4 de octubre se contabilizan 683 homicidios y el rancho está que arde. No se ve por ningún lado una solución para frenar el baño de sangre.
Las autoridades insisten en que la pastillita para paliar tanto dolor en los hogares nacionales es que se apruebe un paquete de leyes en la Asamblea Legislativa.
El objetivo central de las reformas está en endurecer los castigos contra los criminales.
“Reconocemos que hay una situación de crisis en el tema de los asesinatos, producto fundamentalmente de la guerra entre bandas criminales”, expresó el presidente, Rodrigo Chaves.
El mandatario conversó con diputados y con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, y urgió que los tres poderes trabajen juntos.
“Vale la pena reflexionar muy seriamente sobre el tema que tiempos extraordinarios podrían requerir acciones extraordinarias”, aseguró Chaves. Con esa manifestación se refirió a cambios en el derecho penal costarricense de garantías constitucionales en favor de un sistema más fuerte.
“Hablamos de la necesidad de destinar más recursos a esta cruzada, de tratar de apagar este incendio de homicidios”, mencionó.
Chaves admitió que el problema de la criminalidad es muy complejo, pero “la realidad de las cosas es que hay un incendio en la cocina y que esa debe ser la prioridad de los tres sectores”.
Aguirre aclaró, con respecto a las medidas cautelares, que ese es un tema jurídico y no político en el que los jueces deben actuar según como interpreten cada caso.
Sin embargo, indicó que discutieron sobre una reforma legislativa para cambiar el sistema garantista y adaptarlo a la realidad actual.
El presidente dejó claro que no se declarará una emergencia por el tema de los homicidios, porque no hay recursos para eso, ni tampoco se declarará un estado de excepción, porque eso correspondería a la Asamblea Legislativa y no se está considerando.
