*Por Andreína Itriago, periodista
Adaptado de Armando.info
Las operaciones comerciales de Aluminios Nacionales S. A. (Alunasa), en la planta establecida en San Juan Grande de Esparza, Puntarenas, se han visto enredadas desde finales del 2017, cuando se paralizó por completo el procesamiento de los productos.
Esta empresa, propiedad de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), establecida en la ciudad Guayana, en el estado Bolívar, de Venezuela, la mayor ciudad del sur-oriente del país, y que está adscrita al Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, cuyo gobierno encabeza Nicolás Maduro, vio la luz repentinamente en marzo del 2019 con la colaboración de una empresa costarricense que aparece en el Registro Nacional con el nombre de Metallik Limitada, conformada apenas cuatro meses antes de esa fecha.
El sitio especializado de investigación periodística en Venezuela, reconocido a nivel internacional (prácticamente el único), Armando.info, publicó un reportaje amplio el 5 de enero del 2020, en el que muestra una serie de movimientos comerciales con el interés camuflado de gestar una privatización de Alunasa y en la que aparecen algunos personajes que se detallarán a continuación.
Armando.info autorizó a ¡Qué Torta! la reproducción parcial del artículo.
Durante dos años, el aluminio solo brillaba por su ausencia en la planta de Alunasa.
Razones había para la escasez: los proveedores de materia prima desde Guayana no podían cumplir con el suministro por su propia parálisis y práctica extinción.
Pero de pronto, en el 2019 un misterioso cargamento de lingotes del metal llegó a la empresa, aunque a nombre de un privado, y los rollos de papel de aluminio con su marca volvieron a estar en los supermercados.
Hay indicios para suponer que la privatización encubierta es el destino que se prepara para una operación ya lastrada por problemas laborales, la mala gestión y hasta la acusación de servir de conducto para el lavado de dinero.
Hacía dos años que a la aduana de Puerto Limón, en Costa Rica, no llegaba un cargamento así. Pero el 3 de marzo del 2019, aquella instalación tuvo un chispazo de su antigua normalidad al recibir poco más de 4.000 bultos de lingotes de aluminio enviados desde el puerto de Matanzas, sobre el río Orinoco, al sur de Venezuela, por Aluminio del Caroní, S.A. (Alcasa), una de las empresas que conforman la otrora poderosa y siempre estatal CVG. La materia prima tenía como destinataria a Alunasa.
La sequía de insumos en los dos años previos había desencadenado una serie de conflictos que culminó con la imposición de 116 resoluciones de embargo preventivo sobre bienes de la compañía, mientras se resolvían demandas por salarios y prestaciones laborales no pagados.
De hecho, en la lista de morosos con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Alunasa se había ubicado en el segundo lugar, con una deuda equivalente a más de $2 millones.
Sin embargo, esto no le impidió hacer la orden de compra recibida en marzo del 2019 y valorada, según consta en el registro del Ministerio de Hacienda local, en más de $8 millones.
En Costa Rica, el documento que comprueba el embarque del envío (bill of lading) fue endosado por Alunasa a una empresa costarricense: Metallik Limitada (Ltd), conformada apenas cuatro meses antes.
De acuerdo con fuentes consultadas para este reportaje y documentos que respaldan sus afirmaciones, la quebrada Alunasa ha reactivado a través de Metallik su operación en Costa Rica, incurriendo, además, en irregularidades relacionadas con el valor de la mercancía y el pago de impuestos al Estado de ese país.
Documentos emitidos por las empresas venezolanas –Alcasa, que lo envió y Alunasa, que lo recibió– comprueban que la mercancía que llegó a Costa Rica el 3 de marzo tenía un precio de poco más de $2 millones, una cuarta parte del valor que le otorgó el Ministerio de Hacienda de ese país, que lo tasó en más de $8 millones. Además, Alunasa traspasó a Metallik su propia licencia de zona franca, por lo que la empresa no pagó impuestos al Estado costarricense.
Ocho meses después de aquel envío, y pese a que la situación de Alunasa se mantenía igual, con unas instalaciones obsoletas y sin mantenimiento, en noviembre del 2019 reaparecieron los rollos de papel aluminio de Alunasa en los anaqueles de supermercados de Costa Rica. Para el fin de año, ya estaban en casi todos los establecimientos. Nunca, sin embargo, como antes.
La bonanza
Alunasa gozó de muy buenos viejos tiempos.
Constituida en tiempos del presidente Daniel Oduber, en 1978, y adquirida totalmente por el Estado venezolano en 1994, Alunasa tuvo un auge comercial tan importante que llegó a ser reconocida incluso por la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer).
La empresa –única de su género en Centroamérica y el Caribe, según dice en su página web– tenía la capacidad de fabricar más de 12.000 toneladas anuales de productos de aluminio terminados y semiterminados a partir de lingote primario.
Los exportaba a Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa y el Caribe. Según informó en 2007 el exministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Marco Vinicio Ruiz, a la prensa local, Alunasa había aumentado sus exportaciones de $26 millones en el 2000 a casi $47 millones en el 2006.
No pasó mucho tiempo para que todo empezara a cambiar, tanto para Alunasa, en Costa Rica, como para otras empresas transformadoras en Venezuela: Aluminio de Carabobo (Alucasa), Cables Eléctricos de Aluminio (Cabelum) y todas aquellas que les anteceden en la cadena de producción del aluminio.
“Esto ha sido un plan orquestado, inducido”, advierte Ángel Brito, dirigente sindical de Venezolana de Aluminios (Venalum), junto con Alcasa una de las principales reductoras de aluminio del Estado en Ciudad Guayana, sede de la industria pesada nacional.
“En diciembre del 2009, Chávez da la instrucción de apagar 400 celdas de las 905 que nosotros tenemos en nuestra planta, producto de un racionamiento eléctrico nacional. Luego de eso, empiezan a incursionar una cantidad de administraciones corruptas, entre civiles y militares”, acotó.
Los dirigentes sindicales de Alcasa coinciden con él. “A partir del 2000 todo se vino a pique (…) Empezó a caer la producción bárbaramente. Empezaron a salir celdas de servicio y lo que hacían era dejarlas así”, revela desde el anonimato uno de ellos. Temen revelar sus identidades por represalias que podrían padecer de la que denominan como una “mafia” del aluminio.
Para principios de 2019, de acuerdo con Brito, en Venalum funcionaban entre 65 y 70 celdas, de las 905 instaladas. El apagón nacional de marzo de ese año terminó de acabar con las 59 que seguían funcionando para el momento, lo que dejó en cero la producción del año, de las 430.000 toneladas de aluminio que podría producir en su máxima capacidad. El deterioro, asegura Brito, es en todas sus áreas.
El padrino
En cualquier caso, fue Metallik Ltd. la que recibió finalmente esos lingotes de aluminio, en Costa Rica.
Esta empresa nació con un objeto social amplio, aunque no vinculado explícitamente con la manufactura y mercadeo de productos de aluminio, sino al “comercio en general, venta de inmuebles, bienes raíces, proyectos urbanísticos o residenciales de cualquier tipo y la lotificación”, se lee en la cuarta cláusula de su acta constitutiva, firmada el 10 de octubre del 2018.
Según este documento, la compañía fue constituida por la empresaria argentino-venezolana, Silvana Korín, ahora de 49 años, y que en esa misma fecha fue nombrada gerente de la compañía participando en el acto “en su condición personal y como subgerente” de la también compañía costarricense Tropicking Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Korín, sin embargo, y según se puede evidenciar en el acta constitutiva, es una socia minoritaria de Metallik Ltd. De 120 acciones, ella tiene una. Tropicking Sociedad de Responsabilidad Limitada tiene las otras 119.
Tropicking Sociedad de Responsabilidad Limitada, por su parte, nació tres años antes de que se creara Metallik, el 17 de diciembre del 2015, bajo la modalidad de formulario electrónico, en la que no se presenta un acta constitutiva.
Su objeto social es, al igual que el de Metallik, impreciso: “Industria y comercio en general”. Pero por sus cargos gerenciales ha pasado el venezolano Luis Ángel Rincón de Vries, quien no es desconocido en la industria del aluminio.
Rincón de Vries está más asociado a Metallik de lo que pareciera en Costa Rica. Información del servicio de Dun & Bradstreet, disponible en la base de datos empresarial LexisNexis, muestra que el empresario venezolano, de 56 años, es director y secretario de una empresa con el mismo nombre –Metallik Limitada LTD– registrada en Londres, Inglaterra, en febrero del 2019, para la compra-venta de bienes inmuebles propios.
Aunque en esta área pareciera desarrollarse la actividad comercial de Luis Ángel Rincón de Vries con empresas también en los Estados Unidos y Venezuela, el negocio con el que más se le vincula es con el de transporte, a través de Clover Internacional C.A., una compañía con más de cinco décadas de experiencia en proveer servicios de transporte internacional.
Comenzó como una empresa de mudanzas nacionales e internacionales, en 1964, que hoy asegura ser líder en la prestación de servicios profesionales de logística integrada y transporte internacional con oficinas en Venezuela, Estados Unidos, China, Brasil, Holanda y Panamá; además de tener aliados comerciales “en el mundo entero”, según se lee en su página web.
La mayoría de las acciones de Clover Internacional –92,7%– están en manos del Grupo Clover, C.A., que, según información del Registro Nacional de Constratistas (RNC), preside Luis Ángel Rincón de Vries. Allí tiene 20% de las acciones, al igual que sus cuatro hermanos. Los bienes muebles e inmuebles son el primer objeto social de esta empresa.
Pero entre sus clientes en Venezuela, según revela el RNC, destaca la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Los contratos con la petrolera venezolana se remontan al 2000, cuando recién comenzaba a gobernar el chavismo en Venezuela.
El 1.° de marzo del 2005, el portal Business News Americas, una herramienta digital de inteligencia de negocios, publicó una denuncia del entonces parlamentario venezolano del Movimiento Quinta República (MVR, el primer partido que fundó Hugo Chávez en 1997 y que se volvió el más votado en 1998, cuando este ganó las elecciones presidenciales), Jesús Alberto García, según la cual Pdvsa y Citgo, la corporación petrolera venezolana ubicada en los Estados Unidos, pagaban “demasiado” en los procesos de transporte con Clover.
De acuerdo con información que suministró el otrora diputado venezolano, las compras que efectuó PDVSA Services pasaron de $300 millones en el 2003 a $900 millones en el 2004.
El incremento, de 300%, se produjo pese a que no se registró un alza correspondiente a la producción de petróleo, según declaró entonces García a BNamericas y pocos días después reiteró al periódico matutino de Miami, El Nuevo Herald.
Clover no es la única empresa del grupo familiar Rincón De Vries con vínculos con las petroleras venezolanas. Entre los clientes de Teknik Trading, registrada por el núcleo familiar en el estado de la Florida, de los Estados Unidos, como una empresa que “localiza, compra, consolida, embala y entrega cualquier cosa a cualquier parte del mundo”, destaca Citgo, según exhibe en su página web.
Pero la relación del empresario Luis Ángel Rincón de Vries con la industria petrolera todavía es más amplia. De acuerdo con reportes del servicio Dun & Bradstreet, De Vries es director de la empresa Frack International Limited, registrada en Inglaterra en diciembre de 2018, para apoyar actividades de extracción de petróleo y gas natural. Pocos meses antes, en octubre de ese año, se disolvió en este país la empresa Clover Oil & Gas, que también dirigía.
Un dato curioso que se desprende de los hallazgos para esta investigación del Investigative Dashboard del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) es que las dos empresas que posee Luis Ángel Rincón de Vries en el Reino Unido –Metallik Limitada LTD y Frack International Limited– fueron creadas inicialmente por un hombre llamado Sami William Frederic, quien a los pocos días de haberlas conformado vendió a De Vries la totalidad de las acciones.
Estalla el lavado
El 18 de mayo, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió un boletín de prensa en el que informaba que el segundo hombre más importante del chavismo, Diosdado Cabello, había sido incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), junto a su hermano, José David, su esposa Marleny Contreras, y su testaferro, Rafael Sarría.
“Desde diciembre del 2016, funcionarios venezolanos han utilizado la estatal Venezolana de Aluminios (Venalum) y Alunasa para lavar dinero hacia Costa Rica y Rusia. El presidente de Venalum y otros individuos que manejan la compañía traficaron droga y lavaron dinero, y utilizaron Venalum como fachada para estas operaciones”, advierten en el comunicado de prensa, en el que además aseguran que bajo la dirección del general Francisco Rangel Gómez, ex presidente de CVG y ex gobernador del estado Bolívar, Venalum usó barcos para mover minerales y lavar dinero a través de Panamá hacia la sucursal de Alunasa. “Cabello instruyó a militares venezolanos ubicar algunos trabajadores en Costa Rica para vigilar la operación”, acotaron.
Los bancos costarricenses tomaron medidas de seguridad ante la alerta. El Banco Nacional de Costa Rica fue uno de ellos y decidió cerrar cuatro cuentas que Alunasa tenía allí y dos inscritas a nombre del general Martínez; además, tomó la “decisión gerencial” de cesar toda relación comercial con Alunasa.
Incertidumbre
El 17 de octubre del 2018, el entonces ministro venezolano de Industrias y Producción Nacional, Tareck El Aissami, removió al general Martínez Rivero de la presidencia de Alunasa y designó en su lugar a Pablo Turmero Astros.
El ingeniero, de 55 años, aparece en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) como empleado activo de Alcasa y en su perfil de la red social de LinkedIn aún aparece como Superintendente de Calidad y Procesos en la reductora venezolana.
No es el único miembro de su familia vinculado con la industria del aluminio nacional. Su hermana, Leslie Esther, desempeñó cargos en Alcasa, luego en el Centro de Producción de Rines de Aluminio (Rialca), en Alucasa y en Bauxilum, donde fue presidenta. Sin embargo, de acuerdo con su ficha del IVSS, sigue siendo también empleada activa de Alcasa.
Entre los gerentes de Pablo Turmero Astros en Alunasa destacan otros funcionarios activos del Estado venezolano. Tal es el caso de Ana Lorena Domínguez Materán, gerente de Administración y Finanzas de Alunasa, quien según su ficha del IVSS es empleada activa del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat); y Doreen Dalas Huggins, gerente de la sucursal de San José de Costa Rica, quien según el IVSS es empleada activa del Ministerio de Comercio Nacional.
Pero ni con esas conexiones, ni con las idas y venidas de Venezuela a Costa Rica, según consta en movimientos migratorios a los que tuvo acceso Armando.Info, la nueva directiva logró mejoras en Alunasa.
Mediante la resolución Nº 314, del 22 de octubre del 2018, publicada en la Gaceta Oficial N° 41.521, se designó a Norma Mercedes Borges Rengifo como encargada de negocios ad hoc, aunque ella se hacía llamar “embajadora”.
La minuta de un encuentro entre Borges Rengifo y Turmero Astros, a principios del 2019, revelaría que, por los problemas financieros y jurídicos, Alunasa fue conducida a utilizar la figura de “fiduciaria”, y que Metallik es la empresa que la “administra”.
El documento, del 23 de enero del 2019 –el mismo día que Juan Guaidó se juramentó presidente encargado de Venezuela, en Caracas–, identificado con el número 003/2019, y al que Armando.Info tuvo acceso, revela otros detalles de un encuentro entre funcionarios de la embajada y representantes de Alunasa, “a fin de estrechar lazos de hermandad y establecer una agenda de trabajo conjunta”.
De hecho, muestran que Borges Rengifo, quien venía de ser embajadora en la República Democrática del Congo y en Benín, pretendió llevar las operaciones de Alunasa al continente africano.
Según un reporte de Africa Mining Intelligence, publicado el 28 de julio de 2017, ya Borges Rengifo había intercedido antes para que este país participara en operaciones de minería en Venezuela, específicamente relacionadas con coltán y diamantes.
Este año, desde Costa Rica, y según se lee en la minuta de la reunión de enero de 2019, Borges Rengifo propuso instalar una planta de CVG Alunasa en el Congo, que empresarios congoleños invirtieran en la empresa venezolana y que se comprara chatarra en ese país africano, para ser procesada en Alunasa.
En marzo del 2019, pocos días después de que arribara el envío de Alcasa a Costa Rica, el diputado opositor venezolano, Julio Montoya, aseguró que la empresa estaba en riesgo de ser declarada en quiebra.
Aseguró que, para la fecha, tenía 38 embargos de vehículos, 21 demandas sobre propiedades en la Zona Franca de Costa Rica, 40 demandas sobre cuentas bancarias y 77 sobre maquinarias y advirtió que pretendían venderla en apenas $8 millones, cuando su valor, aseguró, era de $100 millones.
El también parlamentario venezolano, Américo De Grazia, aseguró poco después que el exgobernador del estado Bolívar, el simpatizante del oficialismo Francisco Rangel Gómez, era quien pretendía comprarla a ese precio. Más recientemente De Grazia reveló a Armando.Info que Rangel Gómez no era el único interesado.
La venta de Alunasa, sin embargo, no se concretó. “Tanto la denuncia oportuna como la situación que se ha venido generando contribuyeron a frenar esa estafa o venta nerviosa”, aseguró De Grazia.
Por solicitud del ingeniero Turmero Astros, se le envió un cuestionario electrónico a principios de diciembre del 2019 para esclarecer estos y otros asuntos, pero para el momento de publicación de este reportaje no se obtuvo respuesta. Tampoco se obtuvo respuesta a la solicitud de entrevista enviada a mediados de noviembre a Rincón de Vries, para conocer detalles de su participación en esta operación.
En el 2007, cuando ocurrió el impasse con el expresidente Óscar Arias, Chávez prometió a los trabajadores de Alunasa que mientras existiera un gobierno socialista en Venezuela, Alunasa no cerraría sus puertas. Casi 13 años después, quedó demostrado que Maduro y sus secuaces no pudieron mantener su promesa.
*Armando.info es un sitio de investigación periodística especializado en Venezuela, cuyo lanzamiento formal fue el domingo 20 de julio del 2014.
