En horas de la mañana de este jueves 28 de agosto tuvieron lugar seis allanamientos en casas localizadas en Goicoechea, Mata de Plátano, Barrio México y Tarbaca, así como en el edificio Laureano Echandi, sede central de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). La Fiscalía Adjunta de Probidad Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) ordenó estas diligencias para optener pruebas de delitos de corrupción.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló que se trata de “una investigación que se desarrolla bajo una causa sobre los delitosa de sabotaje informático y favorecimiento real”. El 23 de setiembre de 2024 los agentes judiciales allanaron entre otros lugares el Departamento de Tecnología de Información de la CCSS y se bloquearon cuentas de funcionarios vinculados con el “caso Barrenador”.
Sin embargo, la cuenta de un sospechoso de apellidos Herrera Barquero fue eliminada. “Se presume que, el sospechoso, a sabiendas de que su cuenta de correo electrónico institucional se encontraba deshabilitada por orden judicial, solicitó colaboración de los técnicos imputados, con la intención de modificar y destruir la información contenida en bases de datos de su correo”, informaron las autoridades.
El OIJ dijo que no hubo detenidos durante los allanamientos, pero se citó a los tres imputados de apellidos Herrera Barquero, Villagra Obando y Céspedes López, para que acudieran a la FAPTA para tomar sus declaraciones. El procedimiento se realizó con la presencia de los respectivos abogados defensores y se decidió no solicitar medidas cautelares contra estas personas.
De acuerdo con la Fiscalía, el sujeto de apellidos Herrera Barquero es asesor de gerencia de la Gerencia Médica de la CCSS. Él participó en la elaboración de un análisis que recomendó adjudicar una licitación a cooperativas que presentaron ofertas con “precios excesivos”. Los otros dos imputados son técnicos en Tecnologías de la Información y Comunicación en la Gerencia Médica.
