El margen de maniobra del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Antonio Zúñiga López, se reduce cada vez más.
Su más reciente intento por recuperar terreno dentro de la institución chocó de frente con la realidad: la Inspección Judicial le rechazó la solicitud de reinstalación en el cargo, dejándolo prácticamente contra las cuerdas a pocas semanas de que la Corte Plena decida su futuro.
La resolución, emitida el pasado 21 de abril del 2026, es clara. Zúñiga pidió que se suspendiera una supuesta medida cautelar en su contra para poder ser restituido en el puesto, pero el órgano instructor fue contundente: no existe ninguna medida cautelar vigente en su contra dentro de este proceso disciplinario, por lo que no hay nada que levantar. En consecuencia, la solicitud fue rechazada de plano.
El golpe no es menor. Con esa decisión, se cae una de las cartas que tenía el jerarca del OIJ para intentar sostenerse en el cargo en medio de la tormenta que lo rodea.
Última parada: Corte Plena
Ahora el reloj corre. El próximo 19 de mayo del 2026 será un día clave: los 21 magistrados de la Corte Plena deberán votar si Zúñiga continúa o no al frente del OIJ y como funcionario judicial.
Y aquí la regla es clara. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, se requiere una mayoría calificada de dos tercios para tomar decisiones de fondo como una eventual suspensión o incluso la revocatoria del nombramiento.
Además, la normativa del propio OIJ establece que solo la Corte Plena puede aplicar la sanción de revocar el nombramiento del director, lo que coloca toda la presión de la decisión final en ese órgano.
Un antecedente reciente deja ver que la cancha no está completamente definida. El 9 de febrero del 2026, cuando los magistrados votaron la ampliación por tres meses de la suspensión de Zúñiga, 13 respaldaron esa extensión, mientras que ocho se inclinaron por una suspensión de apenas un mes, evidenciando criterios divididos dentro de la Corte sobre cómo manejar el caso y la velocidad con la que debía resolverse.
Investigación abierta y presión interna
Zúñiga no llega a esa votación en calma. Su situación está marcada por múltiples denuncias en su contra, que se tramitan tanto en sede administrativa como penal.
En el ámbito disciplinario, es la propia Corte Plena la que analiza su continuidad, mientras que en la Fiscalía se mantienen abiertas causas por presuntos delitos como violación, divulgación de secretos en modalidad agravada, violación de datos personales y abuso de autoridad.
Todo esto forma parte de un expediente que ha trascendido al plano público, con la circulación de materiales, audios e imágenes de carácter personal, así como señalamientos sobre el uso indebido de información y recursos en el ejercicio de sus funciones, aspectos que están siendo valorados dentro de los procesos correspondientes.
En paralelo, la Inspección Judicial continúa actuando como órgano instructor, recabando y analizando los elementos del caso que deberán ser puestos sobre la mesa de los magistrados.
