Quienes les sacan el jugo a plataformas de hospedaje como Airbnb y Vrbo en Costa Rica quedarían fuera del ‘bisnes’ por dos años.
Así lo advierte la Asociación de Consumidores Libres (ACL) a través de un comunicado en el que informó que el artículo 14 de un proyecto de ley (el 23.766), que se impulsa en la Asamblea Legislativa, le daría megapoderes al Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
La iniciativa consiste en que si los dueños no están debidamente registrados con el ICT se expondrían a que las aplicaciones los bloqueen por ese periodo.
“Es una propuesta totalmente desproporcionada que, además, va a generar un aumento de precios para el turista nacional. El cierre de un negocio por Hacienda no supera los cinco días y aquí quieren dejar sin ingresos a familias por dos años”, explicó Juan Ricardo Fernández, presidente de la ACL.
La organización recordó que en el mismo proyecto se había intentado prohibir que los turistas alquilaran casas por menos de siete noches, algo que finalmente no prosperó.
