Vaya leñazo le mandaron desde la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) al expresidente Luis Guillermo Solís (2014-2018).
El efecto fue tal que lo dejaron aturdido y hasta brincó rapidito al afirmar en un tuit que lo “sorprende” una acusación en la que lo embarraron por el aparente delito de influencia contra la hacienda pública.
Así está el arroz.
En un comunicado de prensa, el Ministerio Público precisó que los hechos por los que acusan a Solís están relacionados directamente con el caso Bancrédito, que consistió en el cierre del Banco Crédito Agrícola de Cartago, en el 2017, por falta de recursos. El Banco de Costa Rica (BCR) absorbió las operaciones.
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Bancrédito perdió liquidez porque se vio afectado por grandes pérdidas como el caso Yanber y luego el BCR sacó ¢71.000 millones de sus inversiones.
En la acusación también figuran cuatro miembros del gobierno de Solís: Helio Fallas, exvicepresidente y exministro de Hacienda; Sergio Alfaro, exministro de la Presidencia; Martha Cubillo, exviceministra de Egresos y Tesorera Nacional, y quien fuera el subtesorero nacional, Mauricio Arroyo.
En el expediente, la Fapta detalló: “Para dar apariencia de legalidad y con el fin de evitar el cierre de Bancrédito se cree que los imputados, durante su gestión en el gobierno, habrían realizado inversiones con fondos de la Tesorería Nacional en dicha entidad financiera, a pesar de que al parecer conocían que existía una posibilidad muy baja de retorno”.
El Ministerio Público considera que hicieron esta maniobra para que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) no interviniera Bancrédito por su grave situación y así evitar que se dañara la imagen de la administración Solís Rivera. Una investigación legislativa mostró que con estas acciones el gobierno estuvo en riesgo de perder ¢131.000 millones.
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Solís, como era de esperar, rechazó los cargos y defiende sus decisiones como gobernante. Anunció que en los tribunales “demostraremos que, gracias a nuestra actuación, logramos un cierre ordenado del banco que evitó una afectación completa del sistema financiero nacional”.
La acusación se presentó bajo el expediente 20-000115-1218-PE y, dentro del proceso, la Contraloría General de la República planteó una querella (acusación privada) y la Procuraduría General de la República una acción civil resarcitoria (para reclamar por daños y perjuicios sufridos) contra los imputados.