Los gobiernos de Costa Rica y los Estados Unidos firmaron un acuerdo sobre migraciones que permite a los estadounidenses enviar migrantes deportados de su país a Costa Rica, donde serían atendidos en tanto se defina su situación. La Presidente electa, Laura Fernández, defendió el acuerdo con que no llegarán personas con antecedentes penales y Costa Rica puede definir condiciones para rechazar migrantes.
Fernández justificó “cuando usted está en una alianza se entiende que usted recibe y que también da apoyo a su aliado. Y en este caso en particular, ¡qué hemos recibido nosotros del gobierno de los Estados Unidos? Operativos conjuntos con la DEA y con el FBI, que todos acabamos de ver, permitieron llevar a la justicia a Celso Gamboa, porque aquí en el país estaría todavía ahí, caminando entre todos nosotros”.
La Presidente electa dijo “Costa Rica tendría toda la potestad de decirles ‘estas personas no, de estas nacionalidades no’, y también, para transparencia y tranquilidad, ninguna persona que llegue tendría antecedentes penales, juicios, nada, son personas de núcleos familiares que simple y llanamente están en condición ilegal y que deben devolverse a su país de origen”.
De acuerdo con el comunicado que publicó Presidencia de la República, podrían entrar a Costa Rica hasta 25 personas por semana, Estados Unidos brindaría los fondos para apoyar la operación y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) daría asistencia “como alojamiento y alimentación, sin que esto represente un gasto directo para Costa Rica”.
Este acuerdo está generando dudas y críticas en un sector de la población que lo consideran una violación a la soberanía del país. La diputada Montserrat Ruíz publicó un mensaje en el cual afirmó “Costa Rica no puede convertirse en un depósito de seres humanos”, y solicitó que se tomen en cuenta las recomendaciones de los diputados de la Comisión de Derechos Humanos.
Además, la diputada envió una consulta a Omer Badilla, Director General de Migración y Extranjería, en la cual pidió conocer a partir de qué fecha recibirán deportados, dónde se alojará a estas personas, cuáles instituciones estarán presentes, habrá colaboración de organizaciones de la sociedad civil, cómo se definirá su situación y cómo se atenderá a menores de edad, adultos mayores, discapacitados y embarazadas.
