La nueva ley contra el crimen organizado que entró en vigencia en Costa Rica a partir de junio del 2023 llegó hasta la mesa de análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington D. C., Estados Unidos.
El abogado Joseph Rivera Cheves presentó tres denuncias contra el Estado costarricense con el fin de que se sancione por el atropello de los derechos humanos de las personas que enfrentan procesos por crimen organizado.
“Lamentablemente, los jueces de la República de Costa Rica están aplicando normas derogadas y les están prorrogando la prisión preventiva por más de dos años. Eso es violatorio de derechos humanos.
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“El presidente, Rodrigo Chaves Robles, los diputados en contubernio con el Poder Judicial crearon una ley para perjudicar a tres clientes míos, que están privados de libertad, para que se les prorrogue dos años más la prisión preventiva sin una resolución fundada de un juez y en la ley dice que se puede hacer de oficio, vea qué grave”, afirmó el penalista desde la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En un comunicado de prensa que envió Rivera justificó el motivo de acudir a la CIDH.
“El Poder Judicial, en Costa Rica, ha mostrado una resistencia absoluta en emitir criterio, en cualquiera de sus instancias, sobre este atropello a los derechos fundamentales de estas personas”.
De acuerdo con el abogado, entre las ilegalidades que comete la administración de justicia figuran los plazos ampliados de prisiones preventivas que se aplican a quienes permanecen recluidos.
“Pero lo más relevante es que se rigen por dicha norma de forma arbitraria, aún y cuando un caso se comenzó a investigar bajo una ley diferente y ahora, sin explicación alguna, se incorpora a la Jurisdicción Especializada, es decir, de forma retroactiva en perjuicio del imputado, algo que es absolutamente ilegal y que violenta los derechos humanos de las personas”, indicó en el boletín.
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