¿Qué tienen en común los abogados Róger Guevara (defiende al presidente, Carlos Alvarado), John Brenes (representa a la exdirectora del despacho Felly Salas) y Marvin Carvajal (exdirector jurídico de Casa Presidencial)?
Los tres son parte del equipo de la firma prestigiosa Batalla, que enfrentará el caso UPAD.
La Fiscalía General abrió un proceso contra Alvarado por el delito de prevaricato, mientras que contra Salas uno por abuso de autoridad y otro por violación de datos personales.
Guevara acompañó a Eduardo Li, expresidente de la Fedefútbol, en gran parte del caso FIFAgate, en el que el dirigente aceptó haber recibido pago de sobornos.
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Por su parte, Salas, de 33 años, se presentó ante la comisión investigadora de la UPAD, en la Asamblea Legislativa, este martes, y respondió las preguntas que no la comprometían.
Entre sus escasas aclaraciones indicó que asume los costos de su defensa y que mantuvo una relación cordial y de respeto con Carvajal, mientras laboró en Zapote (el exfuncionario renunció en enero del 2019).
Carvajal fue director de la Asesoría Legal de Casa Presidencial durante el gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018) y participó en la consulta que el país envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y derechos de la población LGBTI+.
El exfuncionario le recomendó a Alvarado que creara el Grupo de Apoyo Legal Presidencial (GALP), justamente el que se hizo cargo de la elaboración del decreto ejecutivo que creó la UPAD.
El GALP lo coordinaba el exviceministro de Presidencia y de Ingresos de Hacienda, Juan Alfaro, quien también dio explicaciones en la comisión investigadora de la UPAD y reiteró varias veces que nunca se dio cuenta de ninguna acción que se llevara a cabo en relación a la creación de ese órgano que le respondía directamente a Alvarado.
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