*Por Eric Briones Briones
Hasta este lunes 25 de mayo del 2020 se estipuló en el artículo 14 del Código de Familia como una causa legalmente imposible para casarse el que contrajera entre personas del mismo sexo.
El 26 de mayo del 2020, la realidad jurídica es otra.
Costa Rica se convierte a nivel mundial en el país número 29 en reconocer el matrimonio igualitario, producto de la opinión consultiva (oc-24/17 ante consulta de C.R.) del 24 de noviembre del 2017, en la que de manera unánime los miembros de la Corte Interamericana sostuvieron que los vínculos o relaciones afectivas de parejas del mismo sexo, en el ámbito de los derechos patrimoniales, los Estados deberán adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole a fin de permitir el acceso en igualdad de condiciones y sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género (capítulo Vlll).
Lo anterior, por cuanto, la Convención Americana (arts. 11.2 y 17.1), no define un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege solo un modelo en particular de la misma, pudiendo estar constituida “por personas con diversas identidades de género y/o orientación sexual” y por otra parte, no se limita a relaciones fundadas única y exclusivamente en el matrimonio.
Lo anterior, fue acatado por mayoría de la Sala Constitucional, en redacción del Magistrado Dr. Paul Rueda, mediante voto no. 012782-18 ( https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-875801), se dijo, en lo que interesa: “Vista la potestad que ostenta la Sala de graduar y dimensionar los efectos de sus sentencias de inconstitucionalidad (ordinal 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) se insta a la Asamblea Legislativa, en el uso de su función legislativa constitucionalmente asignada, a que en el plazo de 18 meses, contado a partir de la publicación íntegra de este pronunciamiento en el Boletín Judicial, adecue el marco jurídico nacional con la finalidad de regular los alcances y efectos derivados de las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo, en los términos expuestos en esta sentencia. En consecuencia, se mantiene la vigencia del inciso 6 del numeral 14 del Código de Familia hasta por el citado plazo de 18 meses”.
Es por ello que precisamente se venció el plazo y al no modificarse la legislación quedó sin efecto la prohibición.
Dentro del ámbito de las relaciones laborales y dentro de una interpretación inclusiva e igualitaria en derechos, conforme a lo indicado, esto va a significar que se van a tener que valorar los beneficios laborales que existan sea por ley, reglamentos internos de trabajo u otros instrumentos de derecho colectivo (convención colectiva, arreglo directo, etc.) atinentes a las licencias (maternidad/paternidad/adopción), permisos por motivos de matrimonio, pérdida de seres queridos (muerte), de cuidados por enfermedad de esposos, de pólizas de vida, beneficios de salud, pensiones, del pago de prestaciones laborales por parentesco de afinidad (conforme a los artículos 85 y 548 del Código de Trabajo), exclusiones e indemnizaciones por riesgos del trabajo (arts. 194, 243, del código supramencionado), impedimentos de negociación colectiva (art. 694) y cualquier otro tópico concerniente a la materia (créditos fiscales sobre cónyuge, siempre que no exista separación judicial), sin distingo de las relaciones afectivas de parejas de diferente sexo, con las del mismo sexo.
Ahora bien, hay que entender que ante alguna incompatibilidad que exista en el ordenamiento jurídico laboral y mientras no se derogue (como por ejemplo, lo dispuesto en el artículo 43 inc. c, del código citado), debe interpretarse y resolverse a favor de este reconocimiento, ya que “una interpretación restrictiva, que excluya el vínculo afectivo entre parejas del mismo sexo, frustraría el objeto y fin de dicha Convención”, refirió la opinión consultiva, la cual y por mayoría de la conformacion de los magistrados de la Sala Constitucional han sostenido que el control de convencionalidad (tanto sus sentencias, como opiniones consultivas) diseñado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de acatamiento obligatorio, debiéndose contrastar cualquier conducta interna (activa u omisiva) con el parámetro de convencionalidad o el corpus iuris interamericano, conformado por las convenciones y declaraciones regionales en materia de Derechos Humanos (votos constitucionales nos. 2313 y 12703, respectivamente de los años 1995 y 2014).
En este sentido, si no se respetara lo anterior, dentro de las relaciones laborales, por alguna de las partes que la conforman, se expondrían a infracciones laborales por discriminación (orientación sexual o cualquier otra análoga), que son castigadas con multas que van entre uno y 23 salarios (que en dinero significa entre ¢450.000 a ¢10,3 millones aproximadamente).
Sin perjuicio de un posible rompimiento contractual con las responsabilidades, según sea el caso e incluso pago de daño moral, conforme lo ha reconocido la Sala Segunda, cuando ha mediado alguna exclusión partícular.
Finalmente, debo decir que en el ámbito sociolaboral es definitivo y oportuno ir modernizando, conciliando y actualizando la normativa nacional, como parte de estos nuevos paradigmas que permean al país dentro de un contexto de globalización real.
*Doctor en Derecho Laboral.
