*Por Eric Briones Briones
Como recordarán, el 3 de diciembre del 2018 entró a regir en el país la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (no. 9635), que ha generado dentro del ámbito laboral público muchas interrogativas y distintas interpretaciones sobre los efectos antes y después en torno a diversas situaciones propias y particulares de cada servidor.
En cuanto al instituto de la prohibición, la ley en mención regula que la misma se entendía como una restricción legal, o sea que dimana de una ley (por ejemplo, contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito), con la finalidad de asegurar una dedicación total de las responsabilidades encomendadas (a sus funcionarios) en ciertos cargos y profesiones.
Los porcentajes de esta pasan a establecerse entre un 15% o 30% de compensación (ya no del 65%), según el grado académico, a partir de la entrada en vigencia y sin desmedro de las situaciones consolidadas.
Bueno, precisamente el ente encargado de dictar un tipo de “jurisprudencia administrativa” y con carácter vinculante para el órgano administrativo que le consulte es la Procuraduría General de la República (PGR).
Acerca de este instituto, este ente, mediante dictamen C-351-2020 de fecha 3 de setiembre del 2020 vino a considerar -y específicamente en lo relativo a la compensación económica por prohibición que debe cancelarse a los funcionarios que “antes” de la entrada en vigencia de la ley 9635 estaban sujetos a prohibición y que después de esa fecha obtuvieron un grado académico superior (por ejemplo, que ostentaban el pago de prohibición por ser bachilleres y ahora adquieren el grado de licenciatura)- que no les aplica los nuevos porcentajes que dictó la ley.
“Lo anterior implica que los funcionarios que estaban sujetos a prohibición antes de la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y que percibían un 45% de compensación económica por su condición de egresados de los programas de licenciatura o maestría (artículo 1, inciso b, de la ley no. 5867 antes de la reforma operada por la ley no 9635), un 30% por su condición de bachilleres universitarios o por haber aprobado el cuarto año de su carrera universitaria (artículo 1, inciso c, de la ley n.° 5867 antes de la reforma operada por la ley no. 9635), o un 25% por haber aprobado el tercer año de su carrera universitaria o tener una preparación equivalente (artículo 1, inciso c, de la ley no. 5867 antes de la reforma operada por la ley no. 9635), mantienen la posibilidad de percibir un 65% de compensación económica por prohibición si alcanzan el grado de licenciatura o superior, o un 30% si alcanzan el grado de bachillerato universitario. Lo anterior siempre que haya habido continuidad al servicio del Estado”.
Eso sí, siempre y cuando hubieren mantenido la continuidad en el servicio público que solo se interrumpiría conforme al reglamento del título tercero de la ley, mediante decreto no. 41564-MIDEPLAN-H y su reforma por decreto no. 42.163, después de transcurrido el plazo de un mes calendario de no prestar servicios para el Estado, esto producto de una interpretación que había realizado ya la Sala Segunda, en el voto no. 2.030 del 2019.
Y termina explicando que la posibilidad de seguir aplicando, bajo ciertos requisitos, una ley que ha sido derogada, es una de las manifestaciones de lo que se conoce en doctrina como ultraactividad normativa. Es decir, cuando la ley derogada no pierde inmediatamente toda su eficacia en el momento de la entrada en vigor de la ley derogatoria, sino que producen todavía algunos efectos para no perjudicar las situaciones debidamente consolidadas. Definitivamente reglas claras, chocolate espeso.
(*) Doctor en Derecho Laboral.
