El anuncio que hizo el ministro de Salud, Daniel Salas, la tarde del sábado en conferencia de prensa habitual, sobre el aumento futuro de la multa por infringir la restricción vehicular sanitaria nocturna (de ¢23.000 a ¢107.000) les peló a los choferes.
Entre la noche del 28 de marzo y la madrugada del 29 de marzo, las autoridades boletearon a 616 conductores (la cantidad supera la de tres días acumulados de operativos) y pescaron a 16 tapis.
Es una clara señal que la respuesta y la conciencia social en las calles ante la emergencia que enfrenta el país por el brote de COVID-19 no es la que espera el gobierno.
El propio ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, calificó como “lamentable” el número de infractores.
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Los que mandan ni siquiera toman en cuenta endurecer las multas a través de otros métodos como bajar las placas o decomisar carros.
Salas manifestó este sábado que aún no es necesario aplicar una cuarentena obligatoria, tal como lo pidió la Unión Médica, porque esto depende del análisis de datos y comportamientos epidemiológicos y sociales.
El funcionario, por la forma en la que se refirió al tema, aún le tiene fe a la respuesta de la población. Es mejor que valore otros escenarios.