Doña Consuelo Badilla Agüero tiene 73 años, padece cáncer y vive angustiada desde el 22 de marzo anterior cuando rechazaron por primera vez a su esposo, Alfredo Mesén Quirós, de 62 años, de la clínica Marcial Fallas, en Desamparados, donde le negaron dos veces la posibilidad de hacerle la prueba de COVID-19.
El caso de don Alfredo ha indignado a la población, porque después de ese rechazo del sistema de salud costarricense ahora el señor permanece grave y conectado a un respirador en la sala de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital San Juan de Dios, San José.
Pero la incertidumbre se agiganta cada vez más en doña Consuelo. Ella también ha sido víctima de la negligencia institucional.
Hasta que se dio a conocer este escándalo le hicieron el examen de COVID-19 en la clínica Marcial Fallas, la mañana del martes, y esta es la hora en la que nadie le ha informado si el resultado dio positivo o negativo.
Parece extraño que el proceso sea tan lento, pues el ministro de Salud, Daniel Salas, ha repetido un sinnúmero de veces que los resultados se tienen en cuestión de 12 horas. ¿Qué es lo que está pasando? Nadie responde.
Lo único que ha dicho el funcionario es que se abrirá una investigación. El presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Román Macaya, expresó el miércoles anterior, en conferencia de prensa: “Cometer errores es algo muy humano”.
Ni siquiera a Amanda, hija de doña Consuelo y de Alfredo, le han dicho algo.
Ella escribió este jueves una carta dirigida a Salas en la que le plantea una serie de preguntas:
- ¿Cuáles son los criterios puntuales que se utilizan actualmente para determinar a quién se le hace una prueba en el sistema de salud pública?
- Al día de hoy, ¿puede una persona con un cuadro sintomático consistente con el COVID-19 acceder a la prueba, aun cuando no haya estado en contacto con alguna de las personas identificada dentro del registro de trazabilidad?
- Cuando una persona de un hogar recibe un resultado positivo, ¿cuál es el protocolo a seguir con quienes conviven con esa persona, partiendo del hecho de que serían sospechosas también? ¿Tendrán acceso a la prueba en el sistema de salud público?
- ¿Cuánto tiempo tardará la entrega del resultado, una vez realizada la prueba? ¿Por qué vía será comunicado?
- ¿Cuáles son los mecanismos por los cuáles un(a) paciente puede exigir acceso a sus resultados, una vez transcurrido el periodo establecido para su entrega?
- ¿Queremos saber cuánto tiempo tardará esta investigación y cuáles podrían ser sus implicaciones? ¿Qué instancia está a cargo de esta investigación? ¿Por qué vía serán comunicados los avances del proceso? Asimismo, quisiéramos saber cuáles son los mecanismos que se utilizarán para garantizar que esta investigación se realice de forma transparente y eficaz?
Ahora, ¿qué dirá el ministro?
