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¡Alerta, alerta! Impuesto a Airbnb y VRBO que impulsa Frente Amplio resfriaría el turismo

  • Asociación de Consumidores Libres advierte que las plataformas trasladarían a sus usuarios el nuevo tributo del 10% sobre sus comisiones.

El turismo en Costa Rica saldría rascando con una ocurrencia zurda, impulsada por el Frente Amplio, que pretende meterle impuestos a Airbnb y VRBO.

José María Villalta y sus camaradas Edgardo Araya Sibaja, Joselyn Sáenz Núñez, Vianey Mora Vega, María Eugenia Román, Antonio Trejos y Sigrid Segura Artavia quieren clavarles el 10% a las comisiones de estas plataformas digitales, pero, ¿adivinen qué? El efecto rebote se lo llevarán los usuarios que apartan espacios para vacacionar.

La iniciativa se tramita bajo el expediente 25.910. Propone un impuesto del 10% sobre las comisiones, tarifas de servicio y otros ingresos que cobran plataformas como Airbnb y VRBO por intermediar reservas de hospedaje en Costa Rica.

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Aunque el tributo recaería sobre las empresas y no directamente sobre el precio total del alojamiento, la Asociación de Consumidores Libres (ACL) advierte que las plataformas podrían trasladarlo a sus usuarios mediante tarifas más altas.

El riesgo, según la organización, no se limita a las familias que alquilan una casa para vacacionar. También podría afectar a los turistas extranjeros, quienes tienen la posibilidad de escoger otros destinos.

“Debido a la naturaleza de este mercado, el impuesto lo pagarán las familias costarricenses que alquilan una casa en la playa, los pacientes y estudiantes de fuera de la GAM que necesitan pasar una noche en San José, así como los turistas extranjeros que tienen muchos otros destinos para elegir en la región”, manifestó Juan Ricardo Fernández, presidente de la ACL.

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Más controles sobre los alquileres

El proyecto también permitiría a las municipalidades limitar la cantidad y concentración de alojamientos turísticos en determinados barrios y edificios, mediante regulaciones respaldadas por estudios técnicos.

Además, contempla nuevos requisitos de inscripción ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), obligaciones para los propietarios y multas por incumplimientos.

La ACL cuestiona estas disposiciones y advierte que podrían reducir la oferta de hospedajes y dificultar el alquiler de casas y apartamentos.

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También expresa preocupación por las facultades que tendrían instituciones públicas para solicitar a las plataformas información sobre los prestadores del servicio. El texto contempla disposiciones de confidencialidad y protección de datos personales.

¿Qué buscan los zurdos?

Villalta y los demás diputados que respaldan la iniciativa argumentan que el crecimiento de los alquileres turísticos puede afectar la disponibilidad de vivienda para residentes y elevar los precios en comunidades de alta demanda.

Por eso, el proyecto propone distribuir el dinero recaudado entre las municipalidades (50%), el Banco Hipotecario de la Vivienda (30%) y el ICT (20%), para financiar programas de vivienda, infraestructura comunitaria y fiscalización turística.

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La ACL rechaza esa propuesta tributaria y considera que podría perjudicar la competitividad del sector.

“Este proyecto es proteccionismo puro: en lugar de brindar mayor seguridad jurídica a un sector, protege a otros tipos de hospedaje de la competencia”, señaló Fernández.

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