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Júbilo en la Corte: Sala Cuarta destraba ¢30.000 millones del Poder Judicial y devuelve ¢8.048 millones al FEES

  • Magistrados echaron abajo restricciones al presupuesto judicial y el recorte universitario impulsado en el Congreso. Los fallos llegaron horas después de una reunión entre autoridades de los poderes de la República.

La Sala Cuarta le dio este viernes 20 de noviembre del 2026 un doble golpe a las modificaciones que la bancada oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) impulsó al presupuesto nacional del 2027.

En dos resoluciones, los magistrados dejaron sin efecto cuatro normas que condicionaban el uso de casi ¢30.000 millones del Poder Judicial y una moción que recortaba ¢8.048 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

La particularidad es que la Sala Constitucional forma parte del propio Poder Judicial, cuya Corte Suprema había acudido a ese tribunal para cuestionar las restricciones sobre sus recursos.

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En palabras sencillas: la Corte consiguió quitarse de encima las condiciones impuestas sobre ¢29.843 millones que ya estaban contemplados en su presupuesto. No recibió más dinero, pero podrá disponer de esos fondos sin las trabas especiales que pretendía establecer el Congreso.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, recibió la decisión con satisfacción. 

“El Poder Judicial no está pidiendo más dinero, ni un aumento en su presupuesto”, afirmó.

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Vargas insistió en que la institución continuará rindiendo cuentas y explicó que los recursos son necesarios para mantener los servicios de justicia y combatir la delincuencia.

“Los casi ¢30.000 millones que se bloqueaban con estas normas de ejecución son indispensables para sostener los servicios de justicia”, sostuvo.

El director a. i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, también celebró el resultado.

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“Lo recibimos con regocijo, con alegría”, expresó.

Soto destacó que el fallo permitirá utilizar recursos y ocupar plazas vacantes durante el 2027, una preocupación que había manifestado la institución.

Cucharadota para las universidades

La segunda resolución favoreció a las universidades estatales.

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La Sala anuló la moción 16, aprobada en la Comisión de Asuntos Hacendarios, que eliminaba ¢8.048 millones correspondientes a fondos del FEES cuyo pago se había postergado en años anteriores.

Ese dinero ya había sido acordado entre el Poder Ejecutivo y los rectores universitarios, pero la comisión legislativa decidió rebajarlo y trasladarlo a obligaciones con el régimen de pensiones del Magisterio Nacional.

La magistrada Ingrid Hess explicó que el Ejecutivo había incluido esos recursos en el proyecto original y que fue en el Congreso donde se produjo el recorte.

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“El Poder Ejecutivo había firmado el acuerdo, el Poder Ejecutivo había presupuestado los fondos en el proyecto que mandó a la Asamblea Legislativa y fue en la Asamblea, en la Comisión de Hacendarios, donde por una moción se rebajaron”, señaló.

En ambas consultas, la Sala encontró vicios de procedimiento. Por esa razón, ordenó eliminar las disposiciones cuestionadas y no entró a resolver los demás alegatos de fondo.

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Las decisiones se conocieron unas horas después de que concluyera una reunión en el edificio de la Corte Suprema de Justicia, en San José.

Al encuentro asistieron la presidente de la República, Laura Fernández Delgado; la presidente de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez; la presidente de la Corte, Patricia Vargas, y la presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora.

El presupuesto judicial no figuró entre los asuntos abordados en la reunión, mientras se aguardaban las resoluciones de la Sala Cuarta.

La secuencia recuerda el primer encuentro entre Fernández y Vargas, realizado en Casa Presidencial, en Zapote. Después de aquella cita, la mandataria aseguró que no había sido informada de la gestión judicial relacionada con el presupuesto.

Las resoluciones también fueron celebradas por diputados opositores, entre ellos Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN, y José María Villalta, del Frente Amplio, integrantes del bloque legislativo conocido como los “Superamigos”.

Las modificaciones presupuestarias impulsadas por el oficialismo habían recibido 31 votos en el Plenario durante el primer debate.

Ahora, antes de que venza el plazo constitucional del 30 de noviembre, el Congreso deberá continuar la tramitación del presupuesto del 2027 sin las disposiciones declaradas inconstitucionales.

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