- La mandataria se reunirá este viernes con las presidentas de los supremos poderes.
La mandataria Laura Fernández, les propondrá a las presidentes de los supremos poderes la construcción de metas comunes para combatir la inseguridad y el crimen organizado.
El viernes 20 de noviembre del 2026, Fernández se reunirá con las presidentas del Poder Judicial, Patricia Vargas; de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia Zamora Chavarría, en una cita histórica.
“El gobierno está haciendo todo lo que puede, pero en lugar de andar visitando el CACCO, ocupamos que las autoridades del Poder Judicial se pongan a trabajar con metas comunes, en equipo, respetando las funciones de cada uno de nosotros, pero es importantísimo que nos complementemos”, manifestó Fernández este miércoles 18 de noviembre, en Limón, durante la inauguración de la escuela de Barrio Limoncito.
La presidente dijo estar muy entusiasmada con el acercamiento y que todo lo que quiere es trabajar en equipo, incluso, le pidió a un sacerdote y un pastor que estuvieron presentes en el evento, que oraran para que esa unión se haga realidad, “porque solo así vamos a dejar de llorar muertos inocentes”, lamentó.
Bloqueo presupuestario
Durante la conferencia de prensa, Fernández se refirió al bloque presupuestario de ₡30.000 millones al Poder Judicial, que se mantienen en discusión por las normas de ejecución presupuestaria planteadas por el Gobierno y la Asamblea Legislativa.

“La plata del pueblo de Costa Rica no es una cosa de buena fe, de buena voluntad y viera que yo no soy la presidenta del cambalache ni del truquito ni de la cosita”, indicó.
La Corte Plena considera que las disposiciones harían casi imposible ejecutar los recursos.
Fernández rechazó que el Gobierno esté impidiendo al Poder Judicial utilizar ese dinero y aseguró que tampoco le está negando el acceso a los más de ₡500.000 millones que tiene presupuestados.
Según explicó, lo que proponen son cuatro normas de ejecución presupuestaria, entre ellas, la obligación de presentar estados financieros auditados para demostrar que los recursos se utilizan adecuadamente y rendir cuentas sobre su ejecución.
La mandataria justificó esos controles al señalar que, durante 2024 y 2025, la Contraloría General de la República improbó los informes de liquidación presupuestaria del Poder Judicial. Es decir, no los autorizó y señaló errores que calificó como serios y graves.