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Exdirector de fondo educativo consiguió créditos para él, su hija y su hermano

Un hombre de apellidos Araya Madrigal aprovechó su puesto como director ejecutivo del Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense (FAESUTP) para conseguir créditos estudiantiles para él y varios familiares.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción logró que lo condenaran a siete años de cárcel por los delitos de peculado y legislación en provecho propio.

Los hechos ocurrieron entre el 2007 y el 2008, cuando Araya Madrigal dirigía el FAESUPT, una institución creada para otorgar becas y financiar estudios universitarios, técnicos y de posgrado a personas de escasos recursos de Puntarenas.

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Durante el juicio, la Fiscalía demostró que el entonces director emitió dos reglamentos que incorporaron condiciones para permitir que personas ajenas a los sectores de escasos recursos también pudieran acceder a los créditos estudiantiles.

Después, Araya utilizó esas disposiciones para solicitar un préstamo que financiara sus propios estudios. Los integrantes del Consejo Directivo aprobaron la solicitud, pese a que él incumplía los requisitos para recibir el beneficio.

Pero el exdirector también buscó favorecer a sus familiares. Propuso ante el Consejo Directivo los nombres de su hija y su hermano para que recibieran créditos del programa.

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Su hija obtuvo un préstamo por ¢3.894.000, mientras que su hermano recibió ¢2.085.750.

Además, Araya integró el Consejo Asesor Académico y Técnico, un órgano encargado de revisar las solicitudes de préstamo y recomendar su aprobación o rechazo.

Así, se constató que el exdirector aprovechó ese puesto para favorecerse y beneficiar a sus familiares.

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Incluso, en una de las sesiones, analizó la solicitud de préstamo de un sobrino y votó a favor de recomendar su aprobación, pese a conocer el vínculo familiar.

El juicio terminó a finales de octubre en el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública.

La Fiscalía informó que, antes del juicio, otros integrantes del Consejo Directivo se acogieron a una medida alterna llamada suspensión del proceso a prueba.

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