- Magistrada dijo que investigación de diputados sobre el crédito para construir la vivienda es ilegal.
“Yo presentaré la denuncia para que se investigue quien ha realizado esa intromisión porque, curiosamente, vean que hasta un dron sobrevoló la propiedad que adquirí en Parrita”, dijo la magistrada Patricia Solano ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto público.
Solano fue llamada para que explique por qué recibió un préstamo de ₡128 millones por parte de la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (Asosejud), los cuales empleó para construir una casa en Parrita, provincia de Puntarenas.
El 25 de octubre del 2026, ¡Qué Torta! dio a conocer que el monto no es lo único sospechoso: el crédito tiene una tasa fija de 8,9 % anual, a 30 años plazo y cuota mensual de ₡1.021.923,58. Sin embargo, el reglamento de Asosejud dice que los préstamos personales con garantía hipotecaria son al 14 % anual y máximo 20 años.
La magistrada cuestionó que la Comisión la obliga a cumplir requisitos más allá de lo que exige la ley. “Ningún juez o jueza de este país ha sido objeto de tantos ataques e investigaciones de mi vida personal y laboral e intromisión en la esfera de mi intimidad como he tenido que soportar en estos meses”, aseguró Patricia Solano.
“Han tenido que echar mano y pretenden ensuciar mi nombre por haber adquirido un crédito para la construcción de una vivienda. En este sentido debo decir que si un delito se ha cometido es de las personas que han hecho intromisión en mi vida privada”, expresó la magistrada Solano.
A cotinuación, dijo que presentará una denuncia para que la Fiscalía investigue quién manejó el dron que fotografío la propiedad desde el aire y quien es el dueño. Agregó que hay forma de identificarlo y que se violó su derecho a la intimidad y se cometió un delito de delito de Violación de datos personales.
Patricia Solano no explicó lo que se le solicitó, en su lugar argumentó que la investigación es ilegal porque a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto público solo le corresponde investigar el uso de fondos públicos y su préstamo se tramitó con una institución privada.
Cuestionamientos
El diputado de Pueblo Soberano (PPSO), Antonio Barzuna, cuestionó que Solano no quiera brindar los datos que le pidieron después de que ella afirmó que el crédito cumplió todos los requisitos legales y puso en duda que a cualquier otro asociado de Asosejud le hubieran entregado ese monto en las mismas circunstancias.
José Miguel Villalobos, también del PPSO, expuso que la comparecencia sí es legal porque el reglamento de la Asamblea permite indagar en el buen manejo de recursos públicos aunque hayan pasado a una asociación privada. Villalobos preguntó a Solano si, como pensionada, la Corte Suprema le depositaba su cesantía en Asosejud, a lo que ella replicó que no conoce los detalles de los depósitos.
“Doña Patricia es la única magistrada que fue electa magistrada en el 2018 siendo ya pensionada del Poder Judicial, es decir, a ella ya se le había liquidado la cesantía en el 2017 cuando finalizó su labor como juez. Cuando es electa en el 2018 ya ella no tiene derecho a cesantía y se le ha estado girando la cesantía a la asociación solidarista. Ahí tenemos una irregularidad”, explicó Villalobos.
