- Subdirector de Asuntos Jurídicos asegura que el alcalde de San José y varios de sus colaboradores recibieron comunicación del proceso por presunta influencia en contra de la Hacienda Pública.
- El caso nació de un enfrentamiento por criterios legales y decisiones que habrían perjudicado las finanzas municipales.
Una denuncia penal presentada en el 2024 por presuntas irregularidades en el manejo de la licitación de parquímetros de San José vuelve a poner contra las cuerdas al alcalde, Diego Miranda Méndez.
Marvin Torres Labardini, subdirector de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad, confirmó a ¡Qué Torta! que el alcalde y varios de sus colaboradores fueron notificados la última semana de octubre del 2026 del proceso por el presunto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública.
La denuncia fue interpuesta el 29 de noviembre del 2024 por Torres y el director jurídico municipal, Mariano Rodríguez Solís, ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
El expediente 24-000434-1218-PE, cuya acta de recepción tiene ¡Qué Torta!, identifica como denunciados a Miranda y los funcionarios de apellidos Vega, Zoch, Vargas y Chacón.
Este medio supo que Vega y Miranda ya fueron indagados por los fiscales a cargo del caso.
El origen del enfrentamiento
Torres explicó que el conflicto comenzó en el 2024, cuando asumió el análisis jurídico de la licitación de parquímetros debido a que Rodríguez se había inhibido de conocer el asunto.
Según su versión, la Alcaldía pretendía declarar desierta la licitación y asesores de Miranda intentaron imponer un criterio jurídico para respaldar esa decisión.
El subdirector asegura que se negó a avalarlo y que, junto con un equipo de cuatro abogados, elaboró un criterio independiente.
También cuestionó un análisis financiero preparado por Zoch, entonces asesor del alcalde, al considerar que esa valoración correspondía a las autoridades financieras competentes de la Municipalidad.
La confrontación llegó a la Comisión de Hacienda del Concejo Municipal el 3 de setiembre del 2024.
Vega y Vargas habrían intentado obligar a Torres a exponer una posición jurídica distinta de la elaborada por su dependencia.
El funcionario se negó y presentó su criterio ante los regidores, quienes, según relató, rechazaron la propuesta de declarar desierta la licitación.
Después de la sesión, Torres indicó que Vega lo increpó y le advirtió que su actuación le saldría “muy caro”.
El denunciante aportó al Ministerio Público videos y documentos relacionados con estos acontecimientos.
Presunto daño a las arcas municipales
La denuncia también cuestiona la decisión de Miranda de suspender temporalmente el servicio de parquímetros.
Según Torres, el alcalde adoptó esa medida sin respaldo técnico, jurídico ni financiero, lo que habría provocado pérdidas de ingresos y gastos innecesarios para la Municipalidad.
El funcionario sostiene que el perjuicio económico fue cuantificado en la denuncia, aunque no precisó el monto.
Para Torres, aquel enfrentamiento por los parquímetros también marcó el inicio de las represalias que asegura haber sufrido.
Meses después fue despedido de la Municipalidad, una decisión que posteriormente quedó sin efecto, según explicó. El conflicto dio paso a otras acciones judiciales contra la administración municipal.
¿Qué sigue?
La notificación reciente, reportada por Torres, vuelve a colocar bajo atención el expediente penal y las actuaciones del alcalde y sus colaboradores.
Corresponderá al Ministerio Público continuar con las diligencias que procedan, valorar los elementos aportados y determinar si existen fundamentos para avanzar hacia una eventual acusación o solicitar otra resolución.
