- OIJ investiga movimientos bancarios y compras de carros de lujo, además de una inversión millonaria en un restaurante.
El crecimiento de la riqueza de un hombre de apellido Alfaro, hijo del alcalde de Santa Cruz, Guanacaste, Jorge Arturo Alfaro Orias, encendió las alarmas de la Fiscalía en una investigación por presuntos actos de corrupción municipal.
Según una orden judicial del 15 de octubre del 2026, de la que ¡Qué Torta! Tiene copia, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detectó que Alfaro adquirió cuatro vehículos completamente nuevos en menos de dos años, valorados en aproximadamente $399.700 (¢181,3 millones).
Entre los chuzos aparecen un BMW X5, una RAM 1500 RHO, un Mazda BT-50 y un camión JMC.
A esas compras se suma una inversión estimada de ¢80 millones relacionada con el restaurante La Cocina Criolla El Palenque.
En conjunto, los investigadores calculan inversiones por aproximadamente ¢261,3 millones, entre marzo del 2024 y febrero del 2026, equivalentes a un promedio mensual de ¢11,3 millones.
¿Qué despertó las sospechas?
La Fiscalía señala que Alfaro Jr. registra únicamente 30 cuotas ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) entre el 2021 y el 2025, mientras que el origen de sus recursos y su capacidad económica están bajo investigación.
El expediente también revela movimientos millonarios en sus cuentas bancarias, parte de ellos provenientes de empresas vinculadas con otros sospechosos de la causa.
Los investigadores consideran llamativo que ese crecimiento económico coincida con el aumento de proyectos inmobiliarios tramitados ante la Municipalidad de Santa Cruz.
Alcalde bajo la lupa
Su padre, Jorge Arturo Alfaro Orias, quien dirige la Municipalidad de Santa Cruz desde mayo del 2020, figura entre los investigados por una presunta estructura dedicada a obtener ventajas indebidas mediante permisos de construcción y concesiones en la Zona Marítimo Terrestre.
La hipótesis de la Fiscalía es que el vínculo familiar entre el alcalde y su hijo, junto con las relaciones comerciales de este último, habría facilitado el acercamiento de empresarios a funcionarios municipales.
Entre las compañías investigadas aparece una constructora vinculada con dos empresarios de apellido Canales.
Según el expediente, la constructora pasó de presentar un proyecto en el 2020 a 43 en el 2022 ante la Municipalidad de Santa Cruz.
También se investigan posibles irregularidades con concesiones en zonas turísticas como Junquillal, Playa Blanca y Avellanas.
