La Fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) criticó que los diputados de Liberación Nacional (PLN) pusieron como condición para apoyar el proyecto de reforma al sistema eléctrico el no recortar fondos a las universidades públicas. Con esto los diputados verdiblancos estarían incumpliendo el acuerdo al que habían llegado ambas fracciones en el Congreso.
Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN, afirmó «Liberación Nacional ha venido participando de manera constructiva en una mesa para buscar una solución al tema de la electricidad. Nuestra continuación en ese proceso de diálogo depende de que el Gobierno resuelva un tema fundamental para Costa Rica y es devolverle a las universidades el dinero para que puedan continuar sus operaciones».
El diputado Nogui Acosta, jefe de la fracción del PPSO, declaró “Costa Rica necesita acuerdos para avanzar, no condicionamientos políticos que puedan frenar decisiones fundamentales para su desarrollo. Las diferencias presupuestarias no deben utilizarse para bloquear el diálogo sobre el futuro energético de los costarricenses”.
En un comunicado, el partido oficialista describió como «vergonzosa e inaceptable» la decisión del PLN y resaltó que están vinculando una discusión estratégica para el desarrollo energético del país con las diferencias que tienen sobre el financiamiento de las universidades. La fracción considera que defender la educación no se debe confundir con defender privilegios.
Juan Manuel Quesada, diputado del PPSO, dijo “el futuro energético de Costa Rica no puede convertirse en moneda de cambio político. Estamos hablando de la estabilidad del sistema eléctrico, la atracción de inversiones, la generación de empleo y el desarrollo de nuestro país. Son temas que deben abordarse con responsabilidad y sin condicionamientos políticos”.
Riesgo de ser archivado
El proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional necesita de 38 votos para su aprobación y corre el peligro de terminar archivado si no lo consigue antes de que finalice el plazo. Para el lunes 19 de octubre tiene que haber un acuerdo entre ambas fracciones o se tendrá que discutir en segundo debate.
Este proyecto supone que empresas del sector privado tengan una mayor participación en la producción y comercialización de energía en el país. Los promotores de la iniciativa aseguran que de esta manera se conseguirá satisfacer la creciente demanda y además se crearán empleos.
Liberación Nacional ha centrado su desacuerdo en que el ente rector será el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), pues creen que esto debilitará al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Es por eso que en el acuerdo ambas partes se comprometerían a fortalecer las empresas públicas de distribución eléctrica como el ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC).
