La Contraloría General de la República (CGR) le puso números a un problema que el Gobierno lleva meses señalando: la evasión fiscal en Costa Rica sigue sin control.
Según el informe técnico de la CGR sobre el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 (DFOE-FIP-MTR-00004-2026), publicado en setiembre de 2026, el incumplimiento tributario total pasó de representar un 5,00% del PIB en 2018, antes de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, a un 5,66% del PIB en 2022, el dato más reciente que maneja Hacienda.
El golpe más fuerte lo tienen los trabajadores independientes con actividad lucrativa: profesionales liberales, consultores, cualquiera que facture por cuenta propia.
Según el informe, a este grupo se le escapa el 89,7% de la recaudación potencial del impuesto sobre la renta. De cada ¢10 que deberían pagar, el Fisco apenas logra cobrar poco más de ¢1.
Las empresas no se quedan atrás. En personas jurídicas, la brecha es del 48,3% de la recaudación potencial: casi la mitad de lo que deberían pagar en renta no se cobra.
Y en el IVA, el impuesto que paga todo el que compra, el Gobierno dejó de percibir un 35,4% de lo que debía recaudar.
Todo esto, advierte la CGR, erosiona la capacidad del Estado para financiarse en el mediano plazo.
La carga tributaria —lo que el país efectivamente logra cobrar en impuestos— viene cayendo: era 13,7% del PIB en 2022, bajará a 12,3% en 2027 y, de seguir esta tendencia, llegaría a solo 11,7% en 2031, según las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026-2031.
La propia Contraloría reconoce que las soluciones que hoy se discuten en la Asamblea Legislativa —los expedientes 25.667, 25.668, 25.669, 25.797 y 25.796— no están a la altura del problema, y pide una Estrategia de Recaudación de Mediano Plazo que ataque el fondo del asunto, no solo reformas puntuales.
El diagnóstico coincide con lo que el Gobierno ha venido insistiendo: hay que cerrarle el paso a quienes no pagan lo que deben. La diferencia es que ahora lo confirma, con cifras, un ente fiscalizador independiente.
