El Juzgado Penal de Limón dictó este miércoles 30 de setiembre de 2026 prisión preventiva contra 37 personas dentro del caso conocido como «Riverside.»
La medida vence el 23 de junio de 2027.
A otras 17 personas investigadas en la misma causa se les impusieron medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, vigentes hasta esa misma fecha.
En total, son 54 personas vinculadas a esta resolución, todas señaladas de pertenecer a un grupo dedicado al crimen organizado.
Entre los apellidos que aparecen en la lista de prisión preventiva están varios López, que al parecer corresponden a hijos del narcotraficante Edwin López, mejor conocido como «Pecho de Rata,» extraditado a Estados Unidos en marzo de este año.
También caen dos apellidos que no son nuevos en este expediente: León y Sojo.
Se trata de Carlos León García y Andru Sojo Hernández, los dos policías penitenciarios que el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, destituyó el pasado 13 de agosto.
Aguilar los sacó por sus presuntos vínculos con la organización de Pecho de Rata. Según el Ministerio de Justicia, ambos funcionaban como intermediarios entre el narcotraficante, ya detenido, y su familia fuera de la cárcel.
Ninguno de los dos pasó las pruebas de polígrafo que se les aplicaron durante la detención de López.
Lea más de ese caso aquí https://quetortacr.com/ministro-no-aguanta-nada-y-despide-a-dos-supuestos-gatos-caseros-ligados-al-narco/
Este caso arrancó con el megaoperativo del 23 de junio de 2026, calificado como el despliegue más grande en la historia del país.
Más de 100 fiscales, agentes del OIJ y unidades especiales realizaron 97 allanamientos simultáneos en cinco provincias.
Ese día cayeron 41 personas, que se sumaron a otras 18 que ya estaban presas, para un total de 59 personas ligadas a la estructura.
Según las investigaciones, la organización traía cocaína y marihuana desde Colombia por la costa Caribe, presuntamente con apoyo de la banda colombiana Los Costeños, y la distribuía por todo el país.
Los delitos que se investigan incluyen narcotráfico internacional, tráfico de armas, explosivos, introducción de droga a centros penales, legitimación de capitales y asociación ilícita.
La resolución de este miércoles confirma que, tres meses después del megaoperativo, la Fiscalía y el Poder Judicial siguen cerrando el círculo alrededor de la estructura de Pecho de Rata. Esta vez, incluyendo a los propios funcionarios que se dejaron comprar para protegerlo desde adentro.
